La empresa le exigió volver a jornada completa, pero un detalle en los papeles la terminó condenando

La Cámara Primera del Trabajo de General Roca condenó a una firma comercial de la ciudad a pagar más de 20 millones de pesos a un ex empleado que se consideró despedido tras una licencia psiquiátrica. El fallo determinó que la empresa actuó de manera imprudente al imponer su propio criterio médico por encima del de la psiquiatra del trabajador.

El conflicto arrancó cuando el empleado, patrocinado por el Estudio Jurgeit y Asociados, presentó el alta de su médico tratante. El profesional recomendaba un retorno progresivo con una jornada máxima de cuatro horas diarias. La empresa, en cambio, lo derivó a su servicio médico de contralor, que dictaminó que estaba en condiciones de cumplir las ocho horas habituales.

Dos diagnósticos, una sola orden

Con los informes cruzados sobre la mesa, la firma intimó al trabajador a presentarse a cumplir su horario completo, desconociendo la indicación de su psiquiatra. Ante la negativa de la empresa a adecuar la jornada, el empleado se consideró gravemente injuriado y se dio por despedido de forma indirecta. En la demanda también alegó que su cuadro de salud mental había sido provocado por persecución y maltrato de personal jerárquico.

Los jueces rechazaron ese reclamo por acoso laboral: consideraron que los testimonios no alcanzaron para probar un hostigamiento sistemático. Pero el tribunal falló a favor del trabajador en la causal principal del despido. Determinó que, frente a diagnósticos contradictorios, la empleadora tenía la obligación de pedir una tercera opinión imparcial, como una Junta Médica, antes de exigirle la jornada completa.

La cifra de la condena

Al no haber arbitrado ese mecanismo, la Justicia consideró justificado el autodespido y condenó a la firma a pagar las indemnizaciones por una desvinculación sin causa. La sentencia fija un capital de 20.658.408 pesos, al que se sumarán los intereses devengados hasta el momento del pago efectivo.

El fallo sienta un precedente para los casos en que el médico de la empresa y el del trabajador llegan a conclusiones opuestas sobre el retorno laboral.