La energía que ahoga a Misiones: el proyecto que promete bajar la tarifa a la mitad y el dato que nadie esperaba sobre el río

El 3° Conversatorio Regional “Corpus Pindo-í: las preguntas que importan” volvió a poner sobre la mesa el debate por la represa sobre el río Paraná. Allí, el dirigente de la CEM Dionel Kimmich y el presidente del Centro de Ingenieros de Misiones (CPIM), Martín Rodríguez Paz, coincidieron en un punto: la falta de infraestructura y el costo de la energía están frenando el crecimiento de la provincia.

El costo que golpea al sector productivo

Según los datos que relevó la CEM entre sus asociados, más de la mitad de las firmas socias sufre cortes de luz todas las semanas y debió invertir en equipos de generación propia para no detener la producción. Para Kimmich, la relación entre consumo eléctrico y empleo es directa: “Cuando usted mira el desarrollo industrial, que generalmente la industria es la que mayor empleo genera, esto cuanto con el comercio y los servicios, ve que hay una relación directa entre consumo eléctrico y calidad de trabajo”.

Rodríguez Paz explicó por qué la boleta de luz se disparó en Misiones. La provincia debió instalar siete centrales térmicas a diésel sobre las rutas 14 y 101 para cubrir la demanda insatisfecha desde 2015. La situación empeoró en agosto de 2023, cuando ENARSA retiró los subsidios al combustible de esas plantas y el costo operativo pasó directo al Estado provincial.

“Para que tengan una idea, hoy la tarifa nacional está en torno de 84 pesos. Si tuviéramos la misma relación que teníamos hasta julio del 2023, hoy estaríamos con una tarifa de 140, 130 pesos y estamos sin embargo con una tarifa de 290”, precisó el ingeniero. Según las proyecciones del CPIM, acceder al Sistema Interconectado Nacional mediante la infraestructura de transporte vinculada a Corpus permitiría eliminar el diésel y llevar la tarifa local a unos 140 pesos por kilovatio, sin esperar el cobro de regalías.

El cambio de diseño y el estudio ambiental que existe pero no tiene expediente

El proyecto actual no es el mismo que se discutía en los años 90. La alternativa de Pindoí se ubica 60 kilómetros aguas arriba de Itacuá, en un tramo donde el río corre encajonado. Esa topografía permite un diseño a hilo de agua, que reduce drásticamente la superficie de inundación. “La central de Itacuá era una central empuntada... Y al repensar el proyecto y llevarlo hacia atrás se redujo la potencia de 4.600 a 2.800 megavatios, casi 3.000 megavatios, pero la energía se mantiene la misma”, aclaró Rodríguez Paz. La generación estimada es de 20.000 gigavatios hora al año.

Sobre las versiones que hablan de la inexistencia de informes técnicos, el titular del CPIM fue categórico: “El estudio de impacto ambiental existe. Existe, se presentó a la provincia en el año 2002 y se presentó en el año 2020, pero no tiene un número de expediente porque hay un plebiscito que no lo permite”. Los estudios fueron elaborados por la COMIP y están disponibles para consulta pública, pero el plebiscito vigente desde 1996 impide abrir el trámite formal en el Ministerio de Ecología.

Esa traba administrativa también frena el financiamiento. “Ningún banco del mundo va a financiar un estudio de una obra que tiene un contrato social negativo”, sostuvo el ingeniero, y marcó la paradoja: la gente pide más estudios para decidir, pero sin expediente no hay recursos para hacerlos.

Los límites de la biomasa y las renovables

Ante la consulta sobre si el crecimiento industrial podría sostenerse solo con parques fotovoltaicos o biomasa, los especialistas fueron claros. Las energías intermitentes “no son firmes, no tienen un comportamiento estable a lo largo del tiempo”, afirmó Rodríguez Paz, y recordó los colapsos de redes europeas por caídas repentinas de potencia. La hidroelectricidad de gran escala, dijeron, es indispensable para dar inercia al sistema.

En cuanto a la biomasa, la consideraron un buen complemento para autosustento en aserraderos, pero inviable para cubrir el déficit provincial: el residuo forestal aprovechable deja un excedente global de apenas 30 a 40 megavatios en toda la provincia, condicionado por los costos de transporte y la volatilidad del mercado de la madera.

Empleo y planificación para no repetir errores

Los expositores también abordaron el impacto social de la obra. Según los cálculos presentados, generaría cerca de 5.000 puestos de trabajo directos por cada margen, a los que se sumarían tres empleos indirectos por cada puesto en la represa. Para evitar un crecimiento demográfico desordenado en Corpus, proponen descentralizar los obradores y distribuir estructuras en municipios vecinos como San Ignacio, Gobernador Roca y Jardín América.

La idea es que las viviendas y la infraestructura operativa se reconviertan, una vez terminada la construcción, en centros de salud, escuelas o recintos deportivos, evitando asentamientos precarios o pueblos fantasma. Los parámetros de financiamiento internacional actuales exigen que las obras de adecuación urbana y mitigación ambiental arranquen durante la fase ejecutiva, dos años antes del primer vertido de cemento.

En el cierre, Kimmich llamó a la sociedad civil, a la Universidad Nacional de Misiones y a las cámaras profesionales a involucrarse en el control del proceso: “El tiempo no se recupera... Si dentro de 10 años vamos a estar diciendo ‘teníamos la oportunidad, la dejamos pasar’ o realmente pusimos el tema sobre la mesa, esa es la discusión”.