La energía se los come vivos: el 40% de sus costos está en juego y piden auxilio

Los empresarios madereros de Virasoro, San Carlos, Garruchos y Santo Tomé advierten que la electricidad ya representa entre el 30% y el 40% de sus costos variables de operación, con aumentos que en las últimas boletas rozaron el 100%. El reclamo por un alivio tarifario y financiación se profundiza, mientras la DPEC responde que los incrementos son el traslado obligatorio de los costos mayoristas fijados por CAMMESA y la Secretaría de Energía de la Nación.

La tensión se hizo visible en la reunión que la Asociación Maderera y Afines de Corrientes (AMAC) realizó en su sede de Gobernador Virasoro. Allí quedó expuesta la urgencia de las pymes industriales, que ven amenazada su rentabilidad, frente al escaso margen de maniobra de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), atada a las decisiones de la política macroeconómica nacional en materia de quita de subvenciones.

Un insumo que dejó de ser previsible

Para la AMAC, la electricidad dejó de operar como un costo previsible y se convirtió en un factor de asfixia financiera. El sector sostiene que el esquema actual desincentiva la producción porque, al estar catalogados como “Grandes Usuarios” (GUDI), el sistema penaliza el volumen de consumo necesario para mantener activas las líneas de aserrado y secado.

Semanas atrás, en Santo Tomé, los madereros locales llevaron el reclamo directamente ante las máximas autoridades provinciales aprovechando un acto público. Allí sumaron una advertencia técnica: denunciaron una marcada distorsión distributiva bajo la lógica de que “a mayor consumo, más se paga de manera exponencial”.

La respuesta oficial

Desde la DPEC, la interpretación es estrictamente técnica y regulatoria. La conducción de la distribuidora, encabezada por su interventor Pablo Cuenca, sostiene que los incrementos no responden a una política recaudatoria local, sino al traslado directo y obligatorio de los costos fijados en el Mercado Eléctrico Mayorista por CAMMESA y la Secretaría de Energía de la Nación.

Bajo la lógica de ajuste fiscal del Estado Nacional, la quita casi total de subsidios a los bloques comerciales e industriales obliga a las distribuidoras provinciales a cobrar el valor real de la generación, lo que limita el margen de maniobra de la provincia.

Qué piden los madereros

Los empresarios reclaman la creación de una “tarifa de fomento industrial” diferenciada, argumentando que Corrientes, al ser una provincia generadora de energía a través de Yacyretá, debería otorgar ventajas competitivas a sus industrias frente a otros mercados. También piden una revisión a la baja del Valor Agregado de Distribución (VAD) y la apertura de planes de refinanciación en cuotas para amortiguar el impacto financiero de las facturas en el capital de trabajo de las pymes.

La DPEC mantiene una estricta neutralidad fiscal. Los funcionarios técnicos ratificaron en los encuentros de Virasoro y Santo Tomé que, por normativa vigente, no existen márgenes para implementar subsidios cruzados ni cuadros tarifarios preferenciales para el sector privado. La empresa provincial argumenta que su rol actual se limita a garantizar la estabilidad técnica del sistema de media y alta tensión y a ofrecer asesoramiento para optimizar el consumo de las plantas.

No obstante, descartan por el momento mecanismos de financiación subsidiada, señalando que la distribuidora también debe afrontar sus compromisos de pago mensuales con CAMMESA bajo riesgo de ser penalizada a nivel nacional.

El escenario expone una brecha de prioridades. Mientras la AMAC advierte que la falta de flexibilidad en los pagos puede derivar en una reducción de turnos de producción y riesgo para el empleo local, la DPEC se planta en la necesidad de preservar el equilibrio financiero de las cuentas públicas en un contexto de desregulación nacional. La mesa de diálogo sigue abierta, pero las posiciones reflejan la dificultad de conciliar la supervivencia de la actividad industrial con las reglas del nuevo orden energético nacional.