La escuela de EE.UU. donde el ICE no puede entrar sin una orden: la otra cara del mapa
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La escuela de EE.UU. donde el ICE no puede entrar sin una orden: la otra cara del mapa

Una norma aprobada en septiembre de 2025 cambió lo que puede pasar puertas adentro de los colegios de California. A pocos kilómetros de distancia, en Texas, la misma escena no tiene ninguna regla que la frene.

California aprobó una ley que impide a los agentes migratorios ingresar a las áreas no públicas de los colegios sin identificación u orden judicial válida. Texas, en cambio, no tiene ninguna norma estatal que regule ese acceso. La diferencia entre ambos estados quedó expuesta en un relevamiento sobre redadas, deportaciones y campus K-12.

El dato surge de un estudio difundido por NPR: al menos 23 estados evaluaron 40 propuestas legislativas vinculadas con la presencia de agentes de inmigración en escuelas primarias y secundarias. De ese total, 35 apuntaban a restringir el ingreso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a los establecimientos.

Qué dice la ley AB 49 de California

La Asamblea de California aprobó en septiembre de 2025 la norma que se convirtió en el principal escudo para los estudiantes migrantes. La ley AB 49 prohíbe a los funcionarios de las agencias educativas locales (LEA) permitir que los agentes migratorios entren a las áreas no públicas de un plantel sin presentar identificación u orden judicial válida.

El texto también fija un protocolo de aviso: si se confirma la presencia de la agencia migratoria en la institución, las autoridades deben notificar a profesores, personal y representantes la fecha, hora y ubicación del incidente, sin incluir datos personales identificables.

El congresista estatal Al Muratsuchi, patrocinador de la iniciativa, defendió el alcance de la norma a través de su sitio web: "La ley AB 49 garantiza que las escuelas sigan siendo espacios seguros donde todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio o el de sus familias, puedan continuar su educación sin la amenaza constante de la deportación".

Asesoría legal y datos protegidos

La legislación californiana se apoya en dos ejes complementarios. Por un lado, reconoce el derecho de los distritos y del personal escolar a consultar con asesores legales para impugnar la validez de los documentos judiciales que presenten los agentes federales.

Por el otro, establece una protección estricta de los datos personales: queda prohibido entregar registros educativos o información personal —como direcciones de domicilio— de alumnos, padres, profesores o personal escolar a los agentes federales sin un consentimiento previo por escrito.

El caso de Texas: sin ley estatal y con un proyecto que expiró

Texas transita una situación distinta. Según el relevamiento de NPR, no existe ninguna norma estatal que regule el grado de acceso de los agentes migratorios a las escuelas públicas de primaria y secundaria.

En marzo de 2025 se presentó en la Cámara de Representantes texana el proyecto de ley HB 4330. La propuesta buscaba modificar el capítulo uno del Código de Educación para ordenar la cooperación de los distritos escolares con los oficiales federales. Sus puntos centrales eran dos: no permitir el acceso de agentes de inmigración a las instalaciones salvo que presenten una orden judicial, y prohibir cualquier divulgación de expedientes educativos sin una orden previa.

La iniciativa tuvo su primera lectura el 1° de abril de ese año y fue remitida al Comité de Educación Pública. Pero la sesión ordinaria de 2025 terminó el 2 de junio sin que se aprobara, por lo que el proyecto expiró dentro de ese ciclo legislativo.

En el ámbito universitario, en febrero de 2025 el director de operaciones y vicepresidente sénior de Texas A&M, Peter Lange, envió un correo a toda la casa de estudios en el que informaba que los agentes del ICE tendrían permiso para ingresar a las zonas públicas de la universidad, según consignó The Battlalion.

Un mapa desparejo

El panorama nacional muestra que la mayoría de las iniciativas legislativas relevadas buscaban poner límites a la presencia del ICE en los campus y frente a los alumnos K-12. La excepción fue una sola propuesta, en Misisipi, que pretendía obligar a las escuelas a cooperar con las autoridades migratorias.

Entre los extremos de California y Texas, la regulación de la presencia de agentes federales en las escuelas quedó como un territorio en disputa que cada estado define con sus propias reglas.

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