La esposa de Sergio Freixes, imputada en la causa por el fraude al Pueblo Ranquel: el detalle que complica a la familia

La justicia puntana sumó una nueva imputada a la causa por el presunto desvío de fondos del Pueblo Ranquel. Se trata de Viviana Moreyra, esposa del exministro de Alberto Rodríguez Saá, Sergio Freixes, quien quedó en la mira por su rol como administradora de El Relincho SRL, la empresa familiar señalada en la maniobra.

La audiencia se realizó este martes en los tribunales de Villa Mercedes, pero Moreyra no estuvo presente de manera presencial: por razones de salud, participó por videoconferencia. Igualmente, la jueza de Garantías N° 3, Natalia Pereyra Cardini, dio por formulados los cargos provisorios que pidió la Fiscalía.

Qué delitos le imputan a Viviana Moreyra

La acusación, presentada por el Ministerio Público Fiscal, la señala por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en concurso ideal. Según los fiscales, Moreyra habría tenido un papel clave dentro de la estructura que usó a El Relincho SRL para justificar gastos y desviar fondos del Estado y de la comunidad originaria en beneficio propio.

La mujer se suma así a una causa que ya tenía cuatro imputados: su marido, Sergio Freixes; Sofía Aguilera; Arturo García Montani; y Diego Lucero, actual intendente de Fortuna y socio de El Relincho SRL.

Cómo habría sido la maniobra

De acuerdo con la investigación, Freixes estuvo al frente de la administración del Pueblo Ranquel entre 2020 y 2023, a partir de un poder especial que le habría otorgado la gestión de Alberto Rodríguez Saá. La comunidad ocupa unas 20.000 hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria y ganadera, y manejaba dos cuentas: una productiva y otra con fondos de coparticipación.

La Fiscalía detectó una serie de operaciones irregulares en esas cuentas. Entre ellas, pagos duplicados de facturas durante 2021 por unos 2,56 millones de pesos, vinculados a administración, alquiler y mantenimiento de vehículos, compra de postes y servicios de siembra contratados a El Relincho SRL. También encontraron una factura de 70.000 pesos que habría sido abonada tres veces y transferencias por unos 3,05 millones.

Para 2022, los investigadores identificaron pagos por aproximadamente 8,85 millones de pesos sin contratación ni documentación que los respalde. En 2023, aparecieron gastos de mantenimiento y combustible por unos 14,3 millones correspondientes a un vehículo de El Relincho. A eso se sumaron operaciones duplicadas y gastos sin respaldo por unos 13,14 y 5,6 millones, más otros 14,69 millones en mantenimiento y combustible del mismo vehículo, pero cargados a la cuenta de coparticipación.

Para los fiscales, estas operaciones no respondían a la actividad normal de la comunidad y habrían tenido como objetivo generar un beneficio económico para los integrantes de la estructura investigada. El perjuicio total, actualizado a valores actuales, podría alcanzar el millón de dólares.

La defensa y la decisión de la jueza

La defensa de Moreyra rechazó la acusación y cuestionó que la Fiscalía no haya explicado de qué manera concreta habría participado en la organización. También sostuvo que la mujer no estaba autorizada para administrar las cuentas estatales.

La Fiscalía, en cambio, sostuvo que su condición de administradora de El Relincho SRL le daba un rol en las operaciones cuestionadas y que la sociedad fue utilizada para respaldar gastos con fondos públicos. La jueza Pereyra Cardini aceptó la formulación provisoria de cargos y, como única medida de coerción, le prohibió a Moreyra salir del país sin autorización judicial.

La causa sigue avanzando para determinar las responsabilidades individuales de cada imputado y el alcance definitivo del presunto perjuicio económico.