La estafa de $100 millones a dos comercios de San Juan quedó sin nadie preso: la decisión del juez Caballero
Estaba bajo arresto domiciliario y era el único que quedaba tras las rejas por el fraude a Fase Electricidad y Color Shop. La Justicia revisó su situación y resolvió que siga el proceso en libertad: qué argumentaron el fiscal y la defensa.
La causa que investiga un fraude de casi $100 millones contra dos comercios sanjuaninos ya no tiene a ningún acusado tras las rejas. El juez de Garantías Alberto Caballero resolvió este martes revocar la prisión preventiva de Gustavo Adrián Ortiz, el último imputado que seguía privado de su libertad, aunque lo hacía bajo arresto domiciliario desde agosto.
La medida se adoptó en el marco de una audiencia de revisión de la cautelar, convocada después de que se cumplieran los plazos de la detención preventiva. El fiscal Mariano Juárez Prieto había pedido una prórroga; la defensa, encabezada por María Filomena Noriega, reclamó directamente la libertad de su cliente.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo de la defensora. Ortiz seguirá sometido al proceso penal, pero deberá cumplir reglas de conducta y presentarse de manera periódica en la comisaría que corresponde a su domicilio, en la provincia de Mendoza.
Por qué estaba detenido y qué pesó en la audiencia
Ortiz había sido apresado en los primeros días de agosto y era el único de los siete sospechosos que continuaba bajo prisión preventiva. Su situación procesal se había sostenido, entre otros argumentos, por sus antecedentes: registra dos condenas por estafas, una de ellas dictada en San Juan.
En la audiencia, el fiscal Juárez Prieto apeló justamente a ese historial para pedir que siguiera detenido. La defensora Noriega, en cambio, sostuvo que su defendido ya había cumplido esas condenas, que venía colaborando con la investigación y que no existían riesgos de fuga.
Cómo habría funcionado la maniobra
La investigación apunta a una presunta organización que habría perjudicado a las firmas Fase Electricidad y Color Shop mediante la compra de mercadería con cheques electrónicos sin fondos o sin respaldo.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra se habría extendido entre fines de noviembre y mediados de diciembre de 2025. Los sospechosos se presentaban como empresarios vinculados a Bossaball S.A. y decían estar al frente de un proyecto de remodelación de una bodega de Albardón, enmarcado en el llamado Circuito del Vino.
Con ese relato, habrían concretado compras de materiales eléctricos por unos $61.800.000 en Fase Electricidad y de pinturas por otros $35.500.000 en Color Shop. El mecanismo consistía en retirar los productos después de emitir los pagos electrónicos y dejar que los comerciantes descubrieran más tarde que el dinero nunca se había acreditado.
Parte de la mercadería era llevada a la abandonada Bodega Hidalgo, en Albardón, y desde allí enviada a Mendoza. Los productos nunca se recuperaron.
Cuatro condenados y tres que siguen en proceso
La pesquisa permitió identificar a siete sospechosos, detenidos el 4 de agosto de 2026. Cuatro de ellos reconocieron su participación en las defraudaciones y acordaron condenas a través de un juicio abreviado, homologado el 7 de agosto por el juez Caballero.
Hugo Mario De los Ríos, Jorge Alberto Paz y Mauricio Jesús Altamirano recibieron penas de tres años de prisión condicional. Ricardo Javier Martínez, en tanto, fue condenado a dos años y seis meses, también de cumplimiento condicional.
Los otros tres acusados —José Luis Olivares, Ariel Eduardo Castro y Gustavo Adrián Ortiz— optaron por seguir enfrentando el proceso penal. Olivares y Castro ya estaban en libertad, mientras que Ortiz cumplía arresto domiciliario hasta la resolución de este martes.
Con la revocación de esa medida, la causa quedó sin personas detenidas, aunque el proceso penal continúa para los tres acusados que todavía no fueron condenados.
