La estrategia de Galán choca con la cautela del juez: ¿complot o simple demora?

El diputado provincial Javier Galán enfrenta una paradoja judicial: mientras denuncia un supuesto complot político-judicial en su contra, el juez de Garantías Marcelo Sago se toma todo el tiempo del mundo para decidir su desafuero. La extrema precaución del magistrado contradice la teoría de la persecución que esgrime el legislador. A casi 40 años del crimen de María Soledad Morales, el caso vuelve a ser moneda de cambio político.

¿Por qué la demora?

La lentitud en definir la situación procesal de Galán no es casualidad. Sago, consciente de la sensibilidad del asunto, evita dar cualquier paso que pueda ser interpretado como una acción parcial. Esperará a que se agoten todas las instancias recursivas antes de pronunciarse sobre el desafuero, un requisito indispensable para que las causas contra el diputado avancen.

Pero la cautela del juez no le impide marcarle la cancha a la defensa. Cuando Galán pidió la caducidad de la primera causa por vencimiento del plazo de dos meses, Sago respondió que la demora se debe exclusivamente a las sistemáticas oposiciones presentadas por la propia defensa.

La Corte desestima la recusación

La defensa de Galán intentó recusar a Sago alegando un adelanto de opinión. Sostuvieron que el magistrado había diferido medidas de prueba para la etapa de investigación penal preparatoria, lo que para ellos demostraba falta de imparcialidad. Sin embargo, la Corte rechazó el planteo.

El tribunal aclaró que Sago, como juez de Garantías, solo debe evaluar si corresponde el desafuero, no la culpabilidad del imputado. Además, señalaron que el juez condicionó las medidas a que el fiscal las considere pertinentes y útiles.

Sin complot a la vista

Hasta ahora, la actuación de Sago no deja entrever ninguna influencia facciosa ni arbitrariedad. Imposibilitado de victimizarse por ese carril, Galán opta por ataques generales contra el Poder Judicial. Su última ocurrencia: pedir que el presidente Javier Milei, si visita Catamarca, se reúna con Ada Morales, madre de María Soledad.

Un nuevo manoseo político del crimen que conmocionó a la provincia hace cuatro décadas. Y mientras tanto, las preguntas que lo incomodan siguen sin respuesta: ¿Fue a un albergue transitorio con una de sus denunciantes antes de emplearla? ¿Les quitaba parte de sus sueldos a sus empleados legislativos? ¿Los hacía trabajar en su corralón particular?

El caso Galán se reduce a eso. Nada que ver con la muerte de Juan Carlos Rojas ni con la de María Soledad Morales, a quien utiliza en sus fantochadas mientras se aferra a sus fueros para dilatar los procesos en su contra.