La factura de gas en Río Gallegos pasó de $2.880 a $283.110: seis senadores van por el cambio
Política · Santa Cruz

La factura de gas en Río Gallegos pasó de $2.880 a $283.110: seis senadores van por el cambio

Seis senadores patagónicos presentaron un proyecto para que el gas vuelva a tener un tope en el presupuesto familiar y las boletas de la región dejen de escalar sin freno. Lo que proponen cambia las cuentas de miles de hogares, pero el detalle clave del esquema todavía no se conoce.

Seis senadores patagónicos presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca devolverle a los hogares de ingresos bajos y medios el acceso a un servicio que, dicen, hoy se volvió inalcanzable. Se trata del Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), una iniciativa que apunta a restablecer de forma integral el régimen de Zona Fría y a ponerle un techo al peso del gas en el presupuesto familiar.

La presentación estuvo a cargo de Ana Marks, Carlos Linares, Cristina López, Martín Soria, Daniel Bensusán y Alicia Kirchner, quienes plantearon que el acceso a la energía no puede analizarse separado de la capacidad económica de las familias ni de las condiciones climáticas de cada región.

El texto contempla especialmente a los territorios que enfrentan mayores demandas de calefacción durante los meses de bajas temperaturas, y propone que las condiciones geográficas y económicas dejen de ser una barrera para acceder a un servicio esencial.

Qué propone ABRIGAS

Entre los puntos centrales del proyecto aparecen el restablecimiento integral del régimen de Zona Fría, bonificaciones diferenciadas según los ingresos de cada hogar, la ampliación de los volúmenes de gas subsidiados y límites al esfuerzo económico que el servicio representa en el presupuesto familiar.

La iniciativa también incorpora mecanismos de protección frente a aumentos extraordinarios del precio del gas: crea un bono de compensación para el volumen protegido y establece un fondo específico para contribuir al financiamiento del sistema.

A eso se suma la recuperación del autoabastecimiento de hidrocarburos como objetivo prioritario y de interés público nacional, con la mira puesta en que la política energética contemple el abastecimiento del mercado interno y el acceso de los consumidores a precios razonables.

"El gas es un derecho, no un lujo"

La senadora Ana Marks detalló los aspectos técnicos de la propuesta y fijó la premisa que la atraviesa: "el gas es un derecho, no un lujo". Desde su mirada, la eliminación de la Ley de Zona Fría y la desregulación impulsadas por el gobierno de Javier Milei derivaron en lo que calificó como "un tarifazo infernal que promedia el 1.000% y llega en casos al 3.300%".

Marks explicó que ABRIGAS prevé "un acompañamiento estatal durante los 12 meses del año, bonificaciones de entre el 50% y el 70% y un tope claro: la tarifa de gas nunca podrá superar entre el 10% y el 15% del salario mínimo de una familia de ingresos bajos o medios".

La mirada desde la Patagonia

Alicia Kirchner puso el acento en el origen federal del proyecto. Según dijo, la propuesta se pensó desde la región y con sus problemas: "Nos pareció necesario dar a conocer este programa que se hizo desde la mirada de la Patagonia con los problemas de la Patagonia, donde participamos los senadores de este bloque que pertenecen a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa".

La legisladora advirtió que el Poder Ejecutivo dicta decretos en el Boletín Oficial que modifican las facturas "a gusto y placer", y remarcó: "Para nosotros el gas es fundamental. Todos queremos que las cuentas cierren, pero cierren con las familias argentinas adentro".

Para graficar el impacto, Kirchner tomó el caso de Río Gallegos: entre 2023 y la actualidad los incrementos representaron un 2.275% sin subsidio y hasta un 3.346% para los sectores de ingresos bajos. "Teníamos una factura que en 2023, Río Gallegos, pagaban $2.880,35 y hoy les viene la factura $283.110,55. Si el costo y la variación no se incrementaron en la misma medida que los servicios públicos, ¿a dónde vamos a ir?", cuestionó.

Y agregó: "Un jubilado no puede pagar el gas, tiene que elegir entre comprar el remedio o comprar los alimentos. Nosotros venimos con el problema y planteamos la solución". Más adelante sentenció: "Vivir en una zona fría no puede significar pagar el precio de una desigualdad geográfica".

Consumo eléctrico, industria y familias

El presidente del bloque del PJ, José Mayans, aportó un panorama de la política energética nacional. Según planteó, la caída del consumo eléctrico evidencia que "no funciona la industria, no funciona el comercio y las familias no tienen acceso".

Mayans cuestionó la alineación de las tarifas a los valores en dólares del mercado internacional y sostuvo: "El hecho de decir 'libre mercado y hagan lo que quieren del precio energético' es lo que está impactando en todo el sistema económico. Necesitamos leyes que garanticen una tarifa prudente y la vida digna de las personas".

El medidor que se llevaron en Tolhuin

La senadora por Tierra del Fuego, Cristina López, alertó sobre la hostilidad climática de las provincias del sur y las consecuencias cotidianas del desfinanciamiento. "Tener gas en Tierra del Fuego y en otras provincias patagónicas no es un lujo; en Tolhuin le quitaron el medidor a 100 vecinos por no poder pagar la boleta", denunció.

Antes de cerrar, la legisladora pidió el respaldo de sus pares: "No se puede jugar con las necesidades del pueblo ni de los chicos; les pido a los senadores que se pongan la mano en el corazón y acompañen este proyecto".

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