La familia de Facundo Gorga apunta contra los fiscales: "pruebas inventadas" para proteger a los directivos
Policiales · Santa Fe

La familia de Facundo Gorga apunta contra los fiscales: "pruebas inventadas" para proteger a los directivos

A casi tres años de la muerte de Facundo Gorga en una pileta del Jockey Club, sus padres denuncian que los fiscales usaron "pruebas inventadas" para proteger a los directivos. Piden que la fiscal general de Santa Fe revise la causa y sancione a los responsables de la investigación.

Los padres de Facundo Gorga, el nene de 10 años que murió ahogado en una pileta del Jockey Club, volvieron a la carga. A casi tres años del hecho, la querella pidió que se sancione a los fiscales que investigaron la causa y denunció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) utilizó "pruebas inventadas" para proteger a los directivos de la institución.

La presentación se conoció este martes y responde a una resolución del jefe regional del organismo judicial, Matías Merlo. El funcionario había ratificado la decisión de los encargados de la investigación de no imputar a las autoridades del club por la muerte del niño, que fue internado el 2 de enero de 2024.

Ante ese escenario, los abogados de la familia recurrieron a la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, con la intención de revertir la postura del MPA. En el escrito fueron categóricos: "Es evidente que el equipo de la Unidad de Delitos Culposos trabajó argumentando falsedades en el objetivo de colocar a estas personas fuera de toda sospecha de culpabilidad. Y lo más grave es que el superior que debió corregir esta actuación, los excusa admitiendo que fue un 'error de arrastre'".

¿A quiénes apunta la familia?

María José Chena y Gabriel Gorga, padres de Facundo, sostienen que la cadena de responsabilidad penal está incompleta: solo se imputó a cinco personas de los niveles más bajos. La pareja apunta contra el presidente del Jockey Club, Charles Roberts; el titular de la comisión del country, Jorge Sánchez Almeyra; y el gerente general Luis Luzzini.

Los fiscales Matías Edery y Valeria Piazza Iglesias concluyeron que no había elementos suficientes para determinar que los directivos conocían el riesgo en el sistema de filtrado de agua de la pileta. Los abogados Víctor Corvalán y Evelyn Quain los cuestionaron: "Las autoridades sabían que ese ducto estaba sin protección porque sabían que el codo no estaba y que la reja tampoco, porque nadie la hizo poner".

Las pruebas bajo sospecha

La querella también apuntó contra los investigadores por la forma en que reconstruyeron la mecánica del ahogamiento. Según los abogados, los fiscales "inventan que el sistema de filtrado tiene dos bocas y que la segunda se ubica sobre la pared lateral sur". Facundo, en cambio, quedó atorado y sumergido contra la parte norte.

Otro punto que cuestionan es la modificación de la declaración de un testigo clave. En la segunda resolución firmada por Merlo aparece el relato de un socio que vivió un episodio similar al de Facundo. La versión original indicaba que su brazo había quedado atrapado, mientras que la última reza: "Me succionó la panza un caño que estaba puesto ahí y que hoy ya no existe".

Cinco imputados por homicidio culposo

Desde el inicio de la investigación, el MPA imputó a la guardavidas que estaba de turno cuando Gorga se ahogó, a dos intendentes del country de Fisherton y a dos personas a cargo del mantenimiento. Para los fiscales, todos tenían "contacto directo con la fuente de peligro y la supervisión presencial de las instalaciones".

La querella, en cambio, sostiene que existen varios antecedentes del riesgo que generaba la falta de protección del ducto en la pileta dulce. Además del testigo mencionado, aportaron otros dos casos ocurridos entre 2019 y 2021. En el primero, el socio declaró que días después había visto una nueva estructura colocada para resolver el problema. Los abogados de los padres pusieron en duda ese testimonio: "Lo que declara no fue constatado por nadie más, ni siquiera por toda la documentación informática analizada por los fiscales en la investigación penal preparatoria. De modo que se está teniendo por probado un hecho que no ha sido corroborado en su existencia, por quienes naturalmente deberían referirse al mismo de haber existido".

Los representantes legales de la familia también cuestionaron el accionar de la primera fiscal asignada, Mariela Oliva. Recordaron que "demoró mucho algunas medidas que debió tomar en los primeros momentos de la investigación, como lo fue el secuestro de celulares y computadoras de los involucrados".

En la misma línea que los padres de Facundo, los abogados afirmaron que las autoridades del club estuvieron "lejos de colaborar para deslindar responsabilidades" y que "le quitaban importancia a lo ocurrido". Ahora esperan que Vranicich revierta las resoluciones vinculadas al caso para habilitar la imputación a los directivos y así cerrar el círculo de responsabilidades penales por la muerte del nene.

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