La familia de Lautaro Flores no acepta que la imputada siga en su casa y volvió a la calle

La familia de Lautaro Flores volvió a la calle por una decisión judicial que sigue vigente y que, dicen, les pega de lleno en la seguridad y en el duelo: la imputada por la muerte del joven no está tras las rejas. Su madre y el abogado Ezequiel Martínez cuestionan el fallo y esperan que la medida se revierta, pero la respuesta que recibieron no fue la que buscaban.

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La familia de Lautaro Flores no acepta que la imputada siga en su casa y volvió a la calle
La familia de Lautaro Flores no acepta que la imputada siga en su casa y volvió a la calle

La familia de Lautaro Flores volvió a manifestarse para exigir que la mujer imputada por la muerte del joven permanezca alojada en una unidad penitenciaria y no bajo prisión domiciliaria, medida que continúa vigente.

Lautaro falleció el 26 de julio tras recibir una herida de arma blanca en inmediaciones de avenida Párroco Marshke. De acuerdo con la investigación a la que aludió su familia, el joven habría intervenido para separar una pelea entre dos mujeres.

El reclamo de la madre

Jorgelina Soto, mamá de la víctima, contó por qué decidió volver a las calles: la domiciliaria de la imputada, identificada como Rivadeneira, sigue firme.

"Nosotros volvimos otra vez a la vida a las calles porque se sigue manteniendo la domiciliaria, donde no estamos de acuerdo. Sentimos que estamos teniendo injusticia", expresó durante la manifestación.

Soto señaló que la familia, junto al abogado Ezequiel Martínez, presentó una impugnación para intentar revertir la medida. "No es justo que esa, por el intento de homicidio que tiene, mató a mi hijo", afirmó, y reclamó que la acusada siga detenida mientras avanza la causa.

La mujer también se refirió al desgaste emocional que le provoca la situación: "No me dejan hacer el duelo como madre, me siento desprotegida".

Los argumentos de la defensa

El abogado Ezequiel Martínez explicó que el arresto domiciliario es una modalidad de medida cautelar contemplada por la legislación, pero cuestionó su aplicación en este caso.

Según sostuvo, la defensa considera que debieron evaluarse con especial atención las circunstancias posteriores al hecho: entre ellas, que la imputada se habría ocultado después del ataque y que durante un allanamiento no se encontró su teléfono celular.

Para Martínez, esos elementos podrían constituir indicadores de un riesgo procesal y tendrían que haber sido considerados al momento de resolver la situación de la acusada.

El abogado agregó que, según la interpretación de la defensa, tampoco estarían dadas las condiciones específicas vinculadas con cuestiones de salud, edad o personas a cargo que contempla el artículo 10 del Código Penal para determinados supuestos de prisión domiciliaria.

Martínez indicó que la defensa pidió que la imputada regrese al Servicio Penitenciario, pero que la impugnación presentada fue rechazada por escrito. También cuestionó el procedimiento utilizado para resolver el planteo, al considerar que correspondía realizar una audiencia con intervención de las partes.

Mientras tanto, la familia de Lautaro continúa reclamando que se revise la medida y que la investigación avance hasta esclarecer las responsabilidades por la muerte del joven.

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