La fiscal guardaba 180 armas en su oficina: ahora deberá explicar por qué

El Consejo de la Magistratura de Río Negro decidió este miércoles abrir un sumario administrativo contra la fiscal Julieta Villa, titular de la Fiscalía 5 de Roca, por la acumulación de cientos de elementos secuestrados en su dependencia. El relevamiento contabilizó más de 290 secuestros, entre ellos 180 armas de fuego, una cifra que la Auditoría Judicial General consideró superior a la de todas las oficinas de secuestros de las restantes circunscripciones judiciales.

La decisión del organismo no implica que la fiscal haya sido declarada responsable. A partir de ahora se abre la etapa de investigación a cargo del abogado Mariano Baraldi, que deberá formular la acusación y luego dar paso al juicio oral y público, donde Villa podrá ejercer su defensa y ofrecer pruebas. Al final del proceso, el Consejo podrá absolverla o aplicarle sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución.

¿Cómo se originó la investigación?

Todo empezó con la desaparición de armas que estaban bajo custodia judicial en la Ciudad Judicial de Roca. En ese marco se detectó que cinco armas de fuego y una tumbera vinculadas a causas de la Fiscalía 3 no podían ser localizadas. Ese hallazgo llevó a la Auditoría Judicial General a revisar qué ocurría con los secuestros en las distintas fiscalías de la ciudad.

En paralelo avanza una causa penal por la desaparición de 102 armas que estaban depositadas en la Oficina Judicial de Roca. La investigación está a cargo del fiscal de Cipolletti Santiago Márquez Gauna. Parte de esas armas ya fueron recuperadas en procedimientos policiales, lo que permitió reconstruir el recorrido de algunos elementos. La causa tiene personas imputadas y ya se realizaron audiencias, aunque las actuaciones se mantienen bajo reserva.

Qué encontró la Auditoría en la Fiscalía 5

La revisión administrativa derivada de ese caso puso la lupa sobre la Fiscalía 5. Allí la Auditoría detectó una importante acumulación de armas y otros elementos correspondientes a causas penales, y cuestionó la forma en que habían sido administrados. El informe también señaló que existían instrucciones para que esos elementos no permanecieran acumulados en las fiscalías y fueran derivados a los lugares establecidos para su resguardo, decomiso o destrucción.

Además, el organismo cuestionó la falta de respuesta a requerimientos para definir el destino de distintos secuestros. Con esos antecedentes, la Auditoría entendió que podía existir una responsabilidad funcional de Villa y remitió las actuaciones al Consejo de la Magistratura, que este miércoles resolvió que el caso debía avanzar a la instancia de investigación de un sumariante.

La sesión del Consejo de la Magistratura de este miércoles en Roca.