La fiscal pidió que el financista ligado a la AFA vaya preso: el argumento que usó para pedirlo
El financista ligado a la AFA ya estaba en libertad, pero la fiscal ahora pide que vuelva a prisión: el argumento que usó para justificarlo.
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó al juez Juan Tomás Rodríguez Ponte que procese a Ariel Vallejo y le dicte prisión preventiva en el marco de la causa Sur Finanzas. Según el escrito, el incumplimiento de las condiciones de su libertad y el “riesgo de fuga” justifican la medida.
El pedido fue presentado en un documento de 249 páginas ante el juzgado federal de Lomas de Zamora. Allí la fiscal no solo apunta contra Vallejo: también pide procesar a otras 13 personas y a varias de las empresas vinculadas al financista, además de trabar embargos sobre los imputados.
Qué le atribuyen a Vallejo
Para Incardona, Vallejo condujo una asociación ilícita y “decidió cada uno de los hechos de lavado que se le atribuyen”. La fiscal sostiene que el lavado de activos fue “una práctica habitual” ejecutada a través de las empresas de su grupo.
La hipótesis de la causa indica que el financista ligado a la AFA “construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita”.
Las empresas bajo la lupa
El escrito menciona la compra de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que Vallejo adquirió junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado. Según la acusación, con esa firma infringió el Régimen Penal Cambiario y generó ganancias con las que después fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central en Adrogué.
Más tarde, siempre de acuerdo con la fiscal, compró Neblockchain S.A., una empresa con licencia para proveer servicios de pago que luego se transformó en Sur Finanzas PSP S.A. Esa compañía habría sido “la caja de entrada del grupo, por medio de billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica que lo justificara y de los camiones de caudales con que sus empleados depositaban el efectivo”.
“Cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes”, enfatizó Incardona.
Retenciones y evasión
Vallejo también está acusado de haber retenido los aportes de sus empleados y no depositarlos. Según la fiscal, esos montos “se confundieron con los demás fondos de las sociedades que debían ingresarlos”. Además, se le atribuye haber evadido impuestos sobre los créditos y débitos bancarios por un monto de $10.325.971.474,97.
“Cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio”, remarcó la fiscal en el escrito.
