La fiscalía fue por los papeles del BCRA: qué encontró en la auditoría del oro

El fiscal federal Gerardo Pollicita reclamó informes a la Auditoría General de la Nación y al Banco Central para reconstruir las operaciones con derivados de oro que, según la denuncia, habrían dejado un rojo de u$s1.023 millones durante 2025. La causa apunta a determinar si hubo perjuicio para el Estado y quiénes tomaron las decisiones.

El requerimiento quedó plasmado en un dictamen presentado al juez Ariel Lijo. Allí el representante del Ministerio Público Fiscal pidió documentación a la AGN y al BCRA para identificar a los funcionarios que intervinieron y verificar si las decisiones se ajustaron a las normas vigentes.

La investigación se originó en una denuncia del abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet.

El número que encendió la alarma

El punto de partida es el informe de auditoría sobre los estados contables del BCRA del ejercicio 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026. Según los datos citados en la denuncia, las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron una pérdida de $1.469.155 millones, equivalentes a u$s1.023 millones, con egresos de divisas.

Ese resultado se descompone en $1.400.793 millones —unos u$s960,2 millones— anotados en la cuenta “Resultado negativo por opciones” y otros $68.362 millones —u$s62,8 millones— por primas de opciones.

Al mismo tiempo, el informe consignó que la tenencia de oro del Banco Central generó una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización. La coexistencia de ambos resultados es el eje de la controversia entre la lectura del denunciante y la explicación oficial.

La estrategia bajo sospecha

La denuncia sostiene que la estrategia financiera habría limitado la posibilidad de aprovechar la suba del metal. Según la presentación, el oro aumentó cerca de un 65% durante 2025 y las operaciones habrían recortado la ganancia que podía obtenerse por la revalorización de las reservas.

Dalbón planteó que la operatoria podría haber consistido en un collar, una estructura que combina la compra de una opción para fijar un piso de precio con la venta de otra que establece un techo. En ese esquema, si el valor del oro supera el límite acordado, se generan obligaciones de pago por la diferencia.

El propio dictamen aclara que una pérdida contable, por sí sola, no demuestra la existencia de un delito. La investigación deberá establecer las condiciones concretas de contratación, los pagos efectuados y las razones económicas que justificaron las decisiones.

Qué le pidió Pollicita a la AGN

Una de las medidas solicitadas es obtener el informe completo de auditoría aprobado por la AGN junto con la documentación que respalda sus conclusiones. El fiscal pidió que el organismo remita también las eventuales disidencias parciales y sus fundamentos, además de los papeles de trabajo vinculados con las operaciones y los resultados registrados en las notas contables.

Asimismo, solicitó la respuesta que dio el Banco Central frente a las observaciones de los auditores y que se informe si hubo actuaciones posteriores relacionadas con esos cuestionamientos.

En el dictamen, Pollicita explicó el objetivo de las medidas: “Delimitar con mayor precisión la plataforma fáctica objeto de análisis, reconstruir el marco de las operaciones involucradas y determinar su alcance”.

El fiscal también busca identificar las circunstancias y las personas que participaron en las decisiones, para evaluar su eventual relevancia penal.

El foco en Caputo y las autoridades del BCRA

La segunda medida está dirigida al Banco Central. Pollicita pidió que informe cuál era el marco normativo aplicable a las decisiones sobre administración, disposición y contratación de operaciones relacionadas con las reservas de oro.

En particular, reclamó precisiones sobre las facultades de las distintas áreas y funcionarios, los procedimientos de instrumentación y aprobación, los controles internos y las instancias de supervisión previstas.

El requerimiento incluye otro punto: las posibles comunicaciones entre el Ministerio de Economía y el BCRA sobre el manejo de las reservas de oro y las operaciones con derivados. Concretamente, el fiscal pidió que la entidad informe “si, entre el año 2025 y la actualidad, existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación” sobre esos asuntos. En caso afirmativo, deberá aportar las constancias y actuaciones correspondientes.

La medida apunta a esclarecer cómo se adoptaron las decisiones, qué funcionarios participaron y si existieron instrucciones o intervenciones desde el área económica del Gobierno.

Los delitos denunciados

El abogado Dalbón sostuvo que los hechos podrían encuadrar en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

También cuestionó la explicación oficial sobre la naturaleza de las operaciones. En su presentación, afirmó que calificar una transacción como cobertura no resuelve por sí mismo el interrogante sobre su legalidad.

Según el denunciante, la cuestión relevante es “su estructura, sus montos y la competencia, la finalidad y la diligencia con que se decidió”.

La denuncia también planteó interrogantes sobre la ubicación y el destino del oro involucrado, a partir de versiones públicas que mencionaron reservas depositadas en Londres, en Suiza y en las bóvedas del propio Banco Central. Ese aspecto forma parte de los cuestionamientos, aunque las medidas concretas propuestas por Pollicita en este dictamen se concentran en la auditoría, el marco normativo y las decisiones institucionales.

Por último, el fiscal pidió que, una vez cumplidas las medidas de prueba, se le otorgue una nueva vista para evaluar cómo continuar con la investigación.

De este modo, la fiscalía busca establecer si las operaciones respondieron a una estrategia financiera legítima, cuáles fueron sus costos efectivos y si las autoridades responsables actuaron dentro de sus atribuciones. La respuesta del BCRA y la documentación de la AGN serán claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.