La Fiscalía le marcó la cancha a la Junta docente: qué encontró que complica a los profesores
¿Qué encontró la Fiscalía en la Junta de Clasificación docente que puede cambiar el futuro laboral de los profesores fueguinos? El dictamen apuntó contra procedimientos clave y AMET redobló el reclamo.
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego advirtió serias deficiencias estructurales en la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario y exhortó al Ministerio de Educación a reorganizar sus procedimientos. El Dictamen 11/2026, que también cuestionó la postergación de las elecciones para renovar a los representantes docentes, encendió las alarmas en el sector.
El secretario general de AMET Tierra del Fuego, Juan Carrizo, sostuvo que el gremio viene reuniendo reclamos desde hace varios años por modificaciones de puntajes y criterios que, según afirmó, perjudican la carrera laboral. “Acumulamos casos de docentes que se sienten perjudicados por decisiones, incluso arbitrarias, de la Junta, modificando sus merituaciones y sus condiciones para acceder a cargos jerárquicos”, señaló.
Qué dice el dictamen
El documento oficial identificó problemas en el uso de listados provisorios, la trazabilidad de los datos, el control de puntajes y los mecanismos para corregir errores. También consideró ilegítima la demora en renovar a los representantes docentes e instó al Poder Ejecutivo a convocar el proceso electoral correspondiente.
La presentación ante la Fiscalía se produjo después de distintos reclamos administrativos y de una intervención realizada el año pasado. Carrizo explicó que los problemas no se limitan a errores puntuales, sino que se repiten en los listados y pueden demorar varios meses en resolverse. En ese lapso, señaló, los docentes pueden perder horas, cargos o posibilidades de ascenso.
“El docente perdió de tomar cargos, perdió de hacer horas, termina perjudicado en su carrera y en sus cuestiones laborales”, explicó. Agregó que, al renovarse los listados todos los años, algunos trabajadores deben volver a presentar reclamos por situaciones que ya habían conseguido revertir.
El reclamo por los títulos universitarios
AMET también objetó criterios aplicados a profesionales universitarios o técnicos que completaron formación pedagógica. Según Carrizo, la Junta los reconoce como docentes para determinados espacios curriculares pero modifica esa consideración para cargos jerárquicos. El dirigente aseguró que esa diferenciación no surge del Estatuto Docente ni de las resoluciones que regulan esas titulaciones.
Para el gremio, la normalización del organismo requiere retomar las elecciones periódicas. Carrizo recordó que la última conformación surgida de un proceso electoral corresponde a 2010 y señaló que desde entonces las vacantes fueron cubiertas sin una nueva elección de representantes.
“La propuesta nuestra es que se hagan elecciones urgentes y que sean los trabajadores los que definan quiénes nos van a representar en la Junta”, afirmó.
La Fiscalía coincidió en la necesidad de regularizar la integración del organismo y reclamó además una reestructuración de los mecanismos administrativos y tecnológicos utilizados para elaborar los listados. El objetivo es evitar que errores de clasificación o demoras en su corrección vuelvan a trasladarse directamente a la trayectoria laboral de los docentes.