La Fiscalía pidió 15 años para un exfuncionario: qué encontró en la oficina municipal
La fiscal de Género sostuvo que el acusado usó su cargo y la relación laboral con la madre de la nena para someterla. La defensa ya anticipó su estrategia y el juicio recién empieza.
Un exfuncionario comunal se sentó este viernes en el banquillo acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador accidental. La causa investiga hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2021 contra una niña que entonces tenía 11 años. La Fiscalía reclamó para él 15 años de prisión.
El alegato de apertura estuvo a cargo de la fiscal de Género Nº 2 de San Luis, Antonella Córdoba, quien sostuvo que el imputado se valió de su posición de poder y del vínculo con el grupo familiar para cometer las agresiones. Según la acusación, el hombre habría aprovechado su paso por el gabinete municipal, la relación laboral que mantenía con la madre de la niña y la confianza construida con la familia. La dependencia económica de la mujer, según la fiscal, habría agravado la situación de vulnerabilidad de la víctima.
La teoría del caso ubica los abusos en distintos inmuebles de una localidad del norte provincial. Entre los escenarios mencionados aparecen una oficina municipal y propiedades vinculadas al exfuncionario. Córdoba describió el vínculo entre la niña y el entonces funcionario como atravesado por una desigualdad de poder marcada.
“Una niña y su empleador, alto funcionario del municipio, que valiéndose de su posición de poder y su rol de guardador accidental, sometió varias veces a la víctima”, expresó la fiscal durante la audiencia.
Cómo piensa probar la Fiscalía
Junto a la fiscal adjunta Mercedes García, Córdoba anticipó que intentará acreditar los hechos con testimonios de familiares y de profesionales de la psicología y el trabajo social, además de informes médicos y psicológicos. La declaración de la niña también formará parte del debate.
La fiscal reconoció que los estudios médicos no detectaron lesiones físicas, pero aclaró que esa circunstancia no descarta la existencia de agresiones sexuales. En la misma línea, adelantó que presentará informes profesionales sobre las consecuencias psicológicas que, de acuerdo con la acusación, presenta la víctima.
La abogada querellante, Érica Gómez, adhirió a la acusación fiscal y puso el foco en el vínculo familiar previo entre la niña y el imputado. En ese contexto, señaló que la expareja del acusado era la madrina de confirmación de la menor.
La defensa y sus objeciones
El abogado Hugo Scarzo, a cargo de la defensa, adelantó que intentará demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron. Para eso anticipó que presentará pruebas destinadas a marcar contradicciones en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y a cuestionar la posibilidad material de que los episodios se hayan dado como los describió la acusación.
Scarzo también puso en duda el contexto de la denuncia y mencionó otras presentaciones judiciales por hechos similares que, según afirmó, la madre de la niña y su grupo familiar realizaron contra distintas personas. Además, planteó que existiría un interés patrimonial detrás de la acusación.
El defensor anticipó que analizará las declaraciones incorporadas mediante Cámara Gesell y que discutirá el alcance de los hechos que llegaron a juicio. También cuestionó la existencia de los lugares mencionados en la denuncia y la posibilidad de que los abusos se produjeran en las circunstancias relatadas.
El debate está a cargo de un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, integrado por José Luis Flores, Yanina Del Viso y Adriana Lucero Alfonso.
