La Fiscalía reveló qué cambió en los controles de calidad del Acueducto Gran Tulum para beneficiar a la contratista

La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum sumó un capítulo decisivo este martes en Tribunales. El ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi expuso ante la jueza de Garantías Mónica Lucero y sostuvo que se flexibilizaron los controles de calidad para favorecer a la empresa contratista Krah, vinculada al fallecido Gustavo Monti, primo del senador Sergio Uñac.

Según la hipótesis fiscal, una serie de decisiones administrativas permitieron modificar los requisitos que Obras Sanitarias exigía para la provisión de cañerías y otros materiales de la obra. El eje de la denuncia es la decisión 1055/13, que alteró las condiciones de certificación de los materiales para redes de agua y saneamiento en la provincia.

El cambio en la certificación IRAM

Hasta ese momento, las cañerías debían contar con certificación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Con la nueva disposición, se admitían materiales con certificación de ese organismo o, alternativamente, con un certificado emitido por el propio fabricante.

Para Gerarduzzi, ese cambio representó una flexibilización de los controles técnicos y de los requisitos de calidad. Planteó que la modificación habría sido uno de los primeros pasos para que Krah pudiera presentarse y ganar la licitación.

La situación de Krah frente al IRAM

El funcionario judicial detalló que Krah obtuvo su inscripción ante IRAM recién el 14 de mayo de 2024, y únicamente para fabricar tuberías destinadas a cloacas. Remarcó la diferencia entre una certificación de fábrica y una emitida por un organismo externo: en el primer caso el fabricante declara que sus productos cumplen las normas; en el segundo, una entidad independiente realiza auditorías y controles.

"Se buscó la salida para flexibilizar los requisitos técnicos y permitir el ingreso de una empresa que no contaba con la certificación que Obras Sanitarias venía requiriendo hasta ese momento", fue el planteo central de la exposición fiscal.

Gerarduzzi también mencionó que durante el proceso licitatorio una empresa competidora advirtió que Krah no cumplía con las condiciones técnicas exigidas. A eso sumó los resultados de pruebas posteriores en las que, según sostuvo, se detectaron fallas en los materiales, lo que demostraría que las cañerías no tenían la calidad necesaria para el uso previsto.

El recorrido administrativo de la licitación

Durante la audiencia, el ayudante fiscal reconstruyó los antecedentes de la licitación dentro de Obras Sanitarias. El diseño de referencia fue elaborado por el Departamento de Proyectos de Obras Nacionales e Internacionales, a cargo del arquitecto Rolando Vicente Caruso. Esa área había sido creada en enero de 2009 y tenía entre sus funciones elaborar, dirigir y controlar proyectos de agua y saneamiento en San Juan.

El proyecto fue elevado en noviembre de 2014 al entonces presidente de Obras Sanitarias, Cristian Andino, para su aprobación. En ese contexto se incorporaron observaciones técnicas al expediente, entre ellas la exigencia de certificaciones para las cañerías.

Gerarduzzi recordó que cuando se dictó la decisión 1055/13, Sergio Uñac estaba a cargo de la Gobernación debido a una inhabilidad temporal del entonces gobernador José Luis Gioja, según la documentación citada. La investigación busca establecer si esas decisiones administrativas formaron parte de un esquema para beneficiar a determinadas personas y a la empresa contratista.

Uñac y Andino en la audiencia

La exposición se produjo en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Entre los presentes estuvieron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, ambos investigados en la causa.

Uñac manifestó que hablaría públicamente después de conocer los motivos de la investigación. Andino calificó el proceso como una cuestión "política" y aseguró que se presentó para ponerse a derecho.

El exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino no asistió porque se encuentra de viaje en el exterior. La Fiscalía había solicitado que fuera declarado en rebeldía, pero la jueza Mónica Lucero rechazó el planteo.

La audiencia tuvo cruces entre las defensas y la magistrada por un pedido de reprogramación que finalmente no prosperó. Luego de un cuarto intermedio por problemas técnicos, se retomó la exposición fiscal.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a determinar si existió una trama de decisiones administrativas y vínculos entre funcionarios públicos y la empresa contratista que permitió flexibilizar controles y generar beneficios indebidos en una obra de infraestructura clave para San Juan.