La frase sobre la casa de Romero que terminó con un concejal y un fotógrafo denunciados
Policiales · Entre Ríos

La frase sobre la casa de Romero que terminó con un concejal y un fotógrafo denunciados

La Municipalidad de Paraná denunció a un concejal y a un fotógrafo por una frase que se escuchó en su programa de streaming. La frase, según el escrito, menciona prender fuego la casa de la intendenta. Qué se dijo y por qué el municipio pide investigar violencia política de género.

La Municipalidad de Paraná presentó este jueves una denuncia penal contra el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín y el fotógrafo Juan Manuel Hernández por presuntas amenazas contra la intendenta Rosario Romero. La presentación se originó en expresiones vertidas durante un programa de streaming en el que se cuestionaban decisiones del gobierno local sobre el transporte público.

El secretario Legal y Administrativo del municipio, Pablo Testa, fue quien acudió al Ministerio Público Fiscal para radicar la denuncia. Allí pidió que se investiguen los delitos de amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. Además, solicitó que los hechos se analicen desde una perspectiva de violencia política de género, según consignó Análisis Digital.

Qué se dijo en el programa El Fortín

El episodio ocurrió el 17 de noviembre durante la emisión del programa El Fortín, que conducen Rodríguez Paulín y Hernández. En ese marco se desarrollaba una entrevista al secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, cuando uno de los conductores pronunció la frase que derivó en la denuncia.

Según el escrito municipal, Hernández manifestó en referencia a la intendenta: "¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?". Esa expresión también habría sido difundida después a través de un video editado que se publicó en las redes sociales del programa.

La denuncia sostiene que esas palabras "revisten una gravedad que excede ampliamente los límites de una crítica política, de una discrepancia respecto de una decisión de gobierno o de una expresión de disconformidad con la gestión municipal".

En ese sentido, el municipio argumentó que la frase "introduce explícitamente la posibilidad de que se ejerza un acto de violencia de extrema gravedad contra la Sra. Intendenta, mediante un ataque incendiario contra su vivienda particular".

Los argumentos de la presentación judicial

El escrito remarca que la referencia no fue genérica: identificó a Romero como destinataria y mencionó una posible agresión contra su domicilio. También cuestiona la posterior difusión del fragmento audiovisual en las redes de El Fortín.

Según la interpretación municipal, Hernández y Rodríguez Paulín publicaron en Instagram un video editado de la entrevista a Steren en el que "subrayan la invitación a prender fuego la casa de la Intendenta".

La Municipalidad aclaró que la denuncia no busca impedir cuestionamientos a la gestión. "De ninguna manera esta denuncia podrá interpretarse como una pretensión de cercenar la libertad de expresión", afirma el documento, que distingue entre la crítica política y la promoción de hechos violentos.

Y agrega: "La libertad de expresión no otorga inmunidad frente a la incitación pública a cometer delitos, ni a la vil intimidación". Por eso, el municipio considera que corresponde investigar si las expresiones denunciadas pueden configurar alguno de los delitos señalados.

El contexto de violencia y los incendios de contenedores

La presentación también menciona episodios recientes de vandalismo en Paraná, en particular incendios de contenedores, y alude a situaciones denunciadas por la empresa San José, vinculada al servicio de transporte público de pasajeros.

Para los denunciantes, esos antecedentes conforman un contexto que requiere atención judicial. Sin embargo, el escrito aclara que la existencia de esos episodios no implica por sí misma que las personas denunciadas tengan responsabilidad en ellos. Esa evaluación quedará en manos de la investigación del Ministerio Público Fiscal.

El pedido de analizar violencia política de género

Otro de los planteos municipales apunta a determinar si los dichos pueden encuadrarse en las leyes nacionales 26.485 y 27.533, relacionadas con la protección de las mujeres frente a distintas formas de violencia, incluida la violencia política.

Según el escrito, la referencia a un posible ataque contra la vivienda de Romero, formulada públicamente mientras se cuestionaban decisiones adoptadas en ejercicio de sus funciones, "constituye una circunstancia que amerita examinar si la conducta tuvo un componente de violencia política basada en razones de género".

La presentación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar las medidas investigativas correspondientes. Hasta el momento se trata de una denuncia penal y no de una determinación judicial de responsabilidad sobre los involucrados.

El antecedente de El Presto

El caso presenta similitudes con un antecedente judicial relacionado con Eduardo Prestofelippo, conocido públicamente como El Presto, quien realizó expresiones contra el entonces intendente de Paraná, Adán Bahl, durante la pandemia.

En una transmisión, el influencer había instado a trabajadores municipales, en medio de reclamos laborales, a dirigirse a la vivienda de Bahl y prenderle fuego con su familia dentro. Aquellas manifestaciones derivaron en actuaciones judiciales.

Tras una absolución inicial, una instancia superior revocó esa decisión y ordenó realizar un nuevo juicio oral. Aunque se trata de expedientes diferentes, el antecedente vuelve a poner en discusión los límites entre las expresiones políticas, la libertad de opinión y las posibles conductas de incitación a la violencia.

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