La frontera de Salta respiró: ARCA frenó los cambios que tenían en jaque a los comerciantes

Los comerciantes y municipios del norte salteño que venían reclamando por las nuevas restricciones al traslado de mercaderías hacia Bolivia recibieron este miércoles una noticia que esperaban: ARCA suspendió por 120 días la aplicación de las modificaciones al régimen de tráfico vecinal fronterizo. El anuncio lo hizo el gobernador Gustavo Sáenz, quien subrayó que el organismo nacional atendió el planteo de la Provincia y de los sectores afectados.

La medida había generado fuerte preocupación en localidades como Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde el intercambio cotidiano con Bermejo y Yacuiba sostiene buena parte de la actividad económica. La Resolución General 5910/2026, publicada el 9 de octubre en el Boletín Oficial, establecía condiciones que, según los comerciantes, podían golpear las ventas y el empleo en la zona.

Qué dijo Sáenz tras la confirmación de ARCA

El mandatario provincial utilizó sus redes sociales para confirmar la decisión del organismo y la calificó como una respuesta favorable a los reclamos que venían sosteniendo las autoridades provinciales, los municipios y los comerciantes.

"ARCA postergó por 120 días la aplicación de los cambios al régimen de tráfico vecinal fronterizo. Es una buena noticia que se haya escuchado nuestro reclamo, mucho más que el organismo haya entendido la situación planteada por comerciantes y municipios", expresó Sáenz.

El gobernador explicó que la suspensión abre una instancia de discusión entre todos los actores involucrados, con la idea de revisar el funcionamiento del comercio fronterizo y definir de qué manera deberían instrumentarse las modificaciones que pretende el organismo nacional.

"En ese tiempo funcionarán mesas de trabajo para analizar la situación comercial en la frontera y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas. Tendremos la oportunidad de marcar nuestra postura", señaló.

Más adelante remarcó la importancia del diálogo institucional y ratificó la posición de su gobierno frente a cualquier medida que pueda afectar la actividad económica de la provincia.

"Con diálogo, todo es posible. La defensa de los derechos de los salteños no está en discusión. Queremos el progreso de todos los sectores", sostuvo.

Antes del anuncio, Sáenz ya había planteado la necesidad de revisar la normativa ante el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el director general de Aduanas, José Vélis. La postura provincial apuntaba a conservar los mecanismos de fiscalización para evitar operaciones ilegales, pero sin perjudicar las actividades legítimas que se desarrollan habitualmente en las localidades fronterizas.

Los cambios que habían encendido las alarmas

La resolución que originó el conflicto se publicó el viernes 9 de octubre y modificaba el régimen regulado originalmente por la Resolución 2604/1986 de la entonces Administración Nacional de Aduanas.

El tráfico vecinal fronterizo es un sistema especial pensado para los habitantes de localidades ubicadas junto a los límites internacionales. Permite trasladar determinadas mercaderías para uso o consumo personal y familiar, con condiciones aduaneras simplificadas. No está previsto para operaciones comerciales o industriales ni reemplaza los procedimientos formales de importación y exportación.

Uno de los puntos centrales de la modificación fue la incorporación expresa de un límite diario de 150 dólares por persona para el egreso de mercaderías desde Argentina. Ese monto no era una franquicia completamente nueva, ya que el tope de 150 dólares figuraba en la regulación anterior. La diferencia es que ARCA especificó que debía aplicarse diariamente y por cada poblador habilitado.

La normativa también amplió las prohibiciones sobre determinados productos. Entre las nuevas restricciones aparecía la imposibilidad de trasladar trigo, soja y maíz en cualquiera de sus formas mediante este régimen simplificado. A eso se sumaba la prohibición de transportar productos acondicionados en envases iguales o superiores a 10 kilogramos, o su equivalente en volumen.

Así, una bolsa de harina de 25 kilos o una de azúcar de 10 kilos quedaban excluidas del régimen vecinal, aunque su valor no superara los 150 dólares. En cambio, un paquete de arroz de cinco kilos no estaba prohibido específicamente por su presentación, pero seguía sujeto a las demás exigencias aduaneras y a la condición de estar destinado al consumo personal o familiar.

En materia de combustibles, la resolución mantenía la prohibición de transportarlos en bidones, tanques suplementarios de vehículos u otros recipientes. También continuaban excluidos los productos cuya salida del país esté prohibida por otras disposiciones y las sustancias o elementos sujetos a restricciones especiales.

Esas condiciones debían comenzar a regir el 10 de octubre, pero, según anunció Sáenz, su aplicación quedará postergada durante los próximos 120 días.

El impacto en Aguas Blancas y Salvador Mazza

La normativa tenía un peso particular en la frontera norte de Salta, donde el intercambio diario de productos es parte de la vida económica de varias localidades.

En Aguas Blancas, el movimiento hacia la ciudad boliviana de Bermejo sostiene una dinámica comercial atada a la presencia de compradores extranjeros, negocios de alimentos, transporte y servicios vinculados al paso fronterizo. Algo similar ocurre en Salvador Mazza, donde el intercambio con Yacuiba incide directamente en numerosas actividades económicas.

Para los comerciantes, una de las mayores preocupaciones era la prohibición de trasladar productos en envases de 10 kilogramos o más. Esa disposición podía afectar la compra de alimentos y otras mercaderías que habitualmente se comercializan en presentaciones de mayor tamaño.

También inquietaba la posibilidad de que las restricciones redujeran el movimiento de compradores y, como consecuencia, provocaran una caída en las ventas de los negocios que dependen de la actividad fronteriza.

Los planteos de municipios y comerciantes no se limitaron a cuestionar los controles aduaneros. También apuntaron a la necesidad de contemplar las particularidades económicas y sociales de las zonas fronterizas, donde las modalidades de intercambio y traslado de mercaderías tienen características distintas a las de otras regiones del país.

En ese marco, la decisión de ARCA de postergar los cambios abre una instancia para discutir cómo compatibilizar el control aduanero con la continuidad de las actividades económicas de las comunidades fronterizas.

Qué buscaba controlar el organismo nacional

ARCA había fundamentado los cambios en la necesidad de evitar que el régimen de tráfico vecinal fronterizo se utilizara para operaciones con fines comerciales, una práctica no permitida por el Código Aduanero.

Entre las situaciones que el organismo buscaba prevenir aparecen el fraccionamiento de mercaderías para eludir controles, la reiteración sistemática de operaciones y el traslado de productos que luego ingresan en circuitos de comercialización sin cumplir los procedimientos correspondientes.

La regulación original ya establecía que este mecanismo debía usarse exclusivamente para atender necesidades personales, familiares o domésticas de los pobladores fronterizos. Por eso, aun cuando una operación esté por debajo del límite económico permitido, no puede utilizarse legalmente el régimen si su finalidad es realizar una actividad comercial o industrial.

La resolución tampoco significaba el cierre de los pasos internacionales ni una prohibición general para que ciudadanos bolivianos compraran productos en Argentina. Su alcance estaba relacionado específicamente con la salida de mercaderías mediante el régimen simplificado de tráfico vecinal fronterizo.

Otra aclaración importante es que los cambios no modificaban las franquicias generales de equipaje de los viajeros ni establecían un nuevo límite de 150 dólares para los argentinos que regresan de Bolivia con compras.

Qué pasa ahora en la frontera

La postergación anunciada por el gobernador permitirá abrir un período de discusión sobre las condiciones comerciales de la frontera y el alcance de las medidas propuestas.

Según explicó Sáenz, durante esos cuatro meses aproximados funcionarán mesas de trabajo destinadas a analizar la situación de las localidades fronterizas y evaluar cómo deberían introducirse las modificaciones al régimen.

La instancia será clave para que comerciantes, municipios y autoridades provinciales puedan plantear las consecuencias que podría tener la aplicación de determinadas restricciones sobre el movimiento de mercaderías y la economía regional.

Por ahora, el anuncio no implica que ARCA haya eliminado definitivamente las modificaciones previstas en la Resolución General 5910/2026. Se trata de una postergación temporal que abre la posibilidad de revisar su implementación y discutir eventuales ajustes antes de que comiencen a aplicarse.

Tampoco se informó en el anuncio del gobernador una fecha exacta de entrada en vigencia al finalizar el plazo de 120 días, por lo que será necesario conocer la instrumentación administrativa de la decisión.

La medida representa un alivio para los sectores comerciales de Aguas Blancas, Salvador Mazza y otras localidades vinculadas con el intercambio fronterizo, que ahora tendrán una nueva oportunidad para exponer sus planteos ante las autoridades nacionales.

El desafío de los próximos meses será encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener controles aduaneros y la continuidad de las actividades económicas que forman parte de la vida cotidiana de las comunidades ubicadas en la frontera norte de Salta.