La fuga que terminó con un patrullero en el río Chimehuín: el insólito método de la pareja para escapar

La pareja que protagonizó una persecución digna de película en Junín de los Andes, con un patrullero abandonado en el río Chimehuín, fue imputada este jueves por una seguidilla de delitos. Carlos Vásquez y Lorena Gallardo quedaron formalmente acusados por hurtos, lesiones y daños cometidos en los últimos días, aunque la jueza de garantías Leticia Lorenzo rechazó el pedido de prisión preventiva para ambos.

El fiscal Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero reconstruyeron en la audiencia una serie de episodios que arrancó el martes 25 de agosto con un robo en una vivienda de la ciudad. Según la acusación, esa mañana la pareja llegó en moto a una casa de Namuncurá y Avenida Antártida, ingresó por una ventana y se llevó un Smart TV de 50 pulgadas, una netbook, una tablet, un teléfono celular, cargadores y 890.000 pesos en efectivo.

Dos ataques con arma blanca en 48 horas

Al día siguiente, cerca de las 11:30, la pareja habría protagonizado otro episodio violento en una vivienda de Avenida San Martín. De acuerdo con la acusación, Vásquez le exigió al propietario que lo llevara hasta Neuquén para vender elementos robados. Ante la negativa, ingresaron por la fuerza. Un conocido del dueño intentó intervenir y, según la Fiscalía, el imputado lo golpeó en el rostro y lo hirió con un arma blanca en el abdomen. Por este hecho, el hombre fue acusado por lesiones leves.

La seguidilla continuó en la madrugada del jueves 27. Cerca de la 1:26, Vásquez se presentó en una vivienda de calle Mariano Moreno, donde horas antes se habían realizado diligencias judiciales vinculadas a una investigación en su contra. Allí discutió con los residentes y atacó con un arma blanca a una persona que intentó intervenir, provocándole una lesión abdominal. Nuevamente, fue acusado por lesiones leves.

La persecución y el patrullero al río

Mientras los efectivos buscaban localizarlo, Vásquez ingresó al predio de una vivienda de calle Cacace y agredió a un policía con un elemento contundente, causándole una herida cortante en una pierna. Luego sustrajo una moto de otra casa para seguir escapando, la abandonó en calle Gregorio Álvarez y continuó la fuga por los techos hasta que fue aprehendido en inmediaciones de Picunches y Avenida Neuquén.

En paralelo, Gallardo protagonizó la escena más llamativa: se apoderó de un móvil policial Toyota Etios que estaba en marcha y escapó, desoyendo las órdenes de detención y los disparos disuasivos de la Policía. El vehículo fue encontrado poco después parcialmente sumergido en el río Chimehuín, en la zona de Avenida Costanera y Avenida Neuquén. Tras abandonar el patrullero, la mujer siguió huyendo a pie hacia el Parque Industrial, donde arrojó piedras contra los efectivos y dañó otro móvil policial.

Sin prisión preventiva por falta de lugar

La Fiscalía pidió que Vásquez fuera acusado por lesiones leves calificadas contra personal policial, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Para Gallardo, solicitó la imputación por resistencia a la autoridad, hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública y daño calificado. Además, ambos pedidos incluyeron la prisión preventiva, fundada en la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.

Sin embargo, la jueza Lorenzo no hizo lugar al pedido para Vásquez porque no había disponibilidad en la Comisaría 23, según la defensa, que presentó información oficial avalada por la magistrada. En su lugar, dispuso prisión domiciliaria por dos meses, con rondines policiales de control hasta que se le pueda colocar una tobillera electrónica. Para Gallardo, en tanto, resolvió imponerle la prohibición de contacto con víctimas y testigos.

Denuncia por violencia policial

Durante la audiencia, el abogado defensor planteó que Vásquez presentaba golpes y Gallardo tenía la ropa dañada al momento de ser detenidos, y pidió que se investigara lo ocurrido. La jueza ordenó que, al finalizar la formulación de cargos, se les tomara la denuncia correspondiente para que el Ministerio Público Fiscal inicie la investigación.