La funcionaria que le respondió a Vidal con la muerte de Gilmar y una causa por armas
Una denuncia de espionaje, una causa por armas y una muerte bajo custodia policial: la secretaria de Gobierno de Río Gallegos le respondió al gobernador con los casos que, según ella, lo dejan sin autoridad para hablar de mafias.
La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, salió a responderle al gobernador de Santa Cruz después de que el mandatario provincial reclamara un freno a "las mafias" y hablara de una puerta giratoria en la Justicia. La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso cuestionó el mensaje y le recordó al gobernador varias causas que, según su mirada, lo ubican del otro lado de la línea que dice defender.
El detonante fue una frase del propio gobernador: "Disparar contra un medio de comunicación es gravísimo y constituye una amenaza a la libertad de expresión". Para Delgado, esa declaración ignora que el Ejecutivo provincial tiene responsabilidades institucionales directas sobre el nivel de violencia y sobre el silenciamiento de voces que atraviesa Santa Cruz.
La advertencia que ya había hecho
No es la primera vez que la secretaria de Gobierno apunta contra el gobierno provincial. Ya lo había hecho cuando el jefe de Gabinete municipal, Pedro Luxen, denunció que efectivos policiales lo vigilaban y pidió protección de fuerzas nacionales por temor a su seguridad y a la de su familia. En ese momento, Delgado sostuvo que el gobierno se comportaba como una mafia.
Ahora redobló la acusación: "Que Vidal se rasgue las vestiduras hablando de mafia o de libertad de expresión es de un nivel de cinismo y disociación impresionantes", disparó. Y apuntó contra el manejo de los medios públicos: "En Santa Cruz destruyeron a los medios públicos y silenciaron voces mientras creaban medios propios que reciben dinero del Estado y producen noticias falsas para atacar, operar y ocultar lo que pasa".
Para la funcionaria, la pauta oficial debe cumplir otra función: "La pauta pública tiene que garantizar pluralidad y acceso a la información, no comprar obediencia ni perseguir a opositores", afirmó.
Seguridad, una advertencia que no se escuchó
Delgado también le respondió al gobernador por la escalada de violencia e inseguridad. Según su versión, desde la oposición advirtieron en reiteradas oportunidades que el problema no se resolvía con nombres propios en la Justicia. "Esto no se iba a resolver poniendo amiguitos en el Tribunal Superior, los juzgados y las fiscalías, sino con recursos, prevención, investigación, equipamiento y fuerzas policiales en condiciones de trabajar", señaló.
La causa por armas y el crimen de Reynaldo Vargas
La secretaria de Gobierno cuestionó además las declaraciones del gobernador sobre una supuesta puerta giratoria para los delincuentes. Lo hizo con un argumento que lo involucra directamente: "Las garantías constitucionales son para todos y son las mismas que le permitieron a él recuperar la libertad después de haber sido detenido en una causa por armas, en el contexto del crimen de Reynaldo Vargas".
En ese marco, recordó que el fiscal Martín Sedón pidió que se investigara a Vidal como posible autor intelectual de ese crimen. "Si bien nadie quiso escuchar al fiscal en ese momento, el gobernador no puede negar que las garantías constitucionales también lo protegieron a él", sostuvo.
La muerte de Gilmar Claros Ferrel
El otro eje de la respuesta fue el caso de Gilmar Claros Ferrel, fallecido dentro de la Comisaría Séptima de Río Gallegos. Delgado puso el acento en la responsabilidad institucional del gobierno provincial: "Una persona murió bajo custodia del Estado", afirmó.
Y apuntó contra la asistencia que recibió la familia: "Su viuda y los hijos chiquitos quedaron tirados, desalojados, y cuando le reclamamos al Ministerio de Desarrollo que los asistiera les dieron 150 mil pesos de mierda". Para la funcionaria, el caso deja una pregunta sin responder: "¿Qué garantías tuvo Gilmar? Son violentos y les falta humanidad".
"No puede elegir qué mafias denuncia"
En el cierre de sus declaraciones, Delgado sostuvo que el gobernador no puede seleccionar qué mafias denunciar y ante cuáles hacerse el distraído. "No puede repudiar un ataque contra una radio mientras su Gobierno es señalado por vigilar a sus propios funcionarios y disciplinar a la prensa; no puede hablar de seguridad mientras genera pobreza, desatiende a la Policía y los vecinos siguen viviendo con miedo; tampoco puede cuestionar las garantías constitucionales que también lo protegieron", enumeró.
Y cerró con una frase que resume su postura: "Si quiere terminar con las mafias, debería empezar por desalojar la Casa de Gobierno".
