La gestión de Milei despidió a casi 72 empleados públicos por día: el informe que estremece al Estado
Un informe del CEPA revela que la gestión de Milei despidió 71.661 empleados públicos en menos de dos años. ¿Qué organismos fueron los más afectados y cómo impacta en los servicios?
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sacudió el tablero político al revelar que la administración de Javier Milei eliminó 71.661 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional. La cifra, que implica un promedio de casi 72 cesantías diarias, marca un antes y un después en la estructura estatal.
La sangría laboral equivale a una caída del 21% de la planta total del SPN, un recorte que no solo achica el Estado sino que también pone en jaque la prestación de servicios esenciales para la comunidad.
¿Cuáles fueron las empresas públicas más afectadas?
Las estadísticas son contundentes: el Correo Argentino lidera la lista de despidos absolutos con 5.578 cesantías, seguido por la Operadora Ferroviaria con 4.208 bajas, el Banco Nación con 2.363 y Aerolíneas Argentinas con 1.990 puestos eliminados.
Pero si se mide el impacto en términos porcentuales, la ex agencia Télam es la más golpeada: perdió el 79% de su personal. Detrás aparecen ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos S.E. y la Casa de la Moneda.
El vaciamiento en organismos clave
En la Administración Pública Nacional, la Agencia de Regulación y Control Agrario (ARCA) encabeza las bajas con 3.427 puestos destruidos. Le siguen la ANSES con 2.982 despidos y el CONICET, que perdió 2.057 científicos y trabajadores de la ciencia.
El análisis proporcional en organismos descentralizados expone situaciones críticas en áreas sensibles como desarrollo social y transporte. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufre una reducción del 62% de su plantel, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) perdió el 53% de sus agentes y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) recortó el 46% de su nómina.
Estos números, que surgen del relevamiento del CEPA, reflejan un proceso de ajuste que no discrimina: afecta tanto a empresas públicas como a organismos descentralizados, y golpea con fuerza a áreas estratégicas para el desarrollo del país. La pregunta que queda flotando es cómo se sostendrán las funciones esenciales del Estado con semejante recorte de personal.