La Justicia ya avanzó con la requisitoria de elevación a juicio por el femicidio de Tamara Fierro, pero ANSES le pide a la familia una sentencia firme que la ley no exige para pagar la Ley Brisa. La abogada Mariana Vargas lanzó una campaña para destrabar el beneficio de la hija de la víctima.
La abogada Mariana Vargas denunció que la abuela materna de la niña, que tiene su tutela, enfrenta rechazos constantes en ANSES: le exigen una sentencia firme cuando la requisitoria de elevación a juicio ya está aprobada. La letrada lanzó una campaña pública para destrabar la reparación económica que contempla la Ley Brisa.
Tamara Fierro fue víctima de femicidio en Fraile Pintado. Su hija pequeña, que quedó bajo el cuidado de su abuela materna, todavía no puede acceder al beneficio económico que establece la legislación nacional para hijos de víctimas de violencia de género. La traba no está en la Justicia sino en la oficina: según la abogada Mariana Vargas, ANSES le rechaza la documentación a la familia.
Vargas expuso el caso públicamente y apuntó contra los obstáculos burocráticos que demoran la prestación. La abuela de la nena, que ejerce la tutela en un contexto de alta vulnerabilidad económica, recorre las sedes del organismo sin respuesta favorable.
El papel que ANSES exige y la ley no pide
El punto central del reclamo es la documentación que el organismo le pide a la familia. Desde ANSES le exigen una sentencia de condena firme, que aún no existe porque la defensa de los imputados presentó recursos ante el Superior Tribunal de Justicia. Para Vargas, esa exigencia no corresponde.
"Desde que está la requisitoria de elevación a juicio en el femicidio de Tamara, esta niña ya podría haber cobrado; sin embargo, esto es obstaculizado por el ANSES y por eso lanzamos esta campaña, porque es una situación absurda", remarcó la letrada.
La abogada insistió en que la norma contempla dos caminos posibles y que la requisitoria firme alcanza. "Le piden una sentencia firme que en realidad no es necesaria cuando tenemos la requisitoria firme; la ley es clara en que es una cosa o la otra", aseveró.
Para evitar que la familia siga siendo derivada entre dependencias de distintas provincias, Vargas precisó que resolvieron gestionar la radicación del cambio de domicilio de la menor directamente en Jujuy.
Otro caso: un bebé trasladado a Jujuy tras un femicidio en La Plata
La abogada también visibilizó una segunda problemática que afecta a hijos de víctimas de violencia machista, en este caso vinculada a un hecho ocurrido recientemente en La Plata. El acusado de cometer el crimen trasladó a su bebé a la provincia de Jujuy y lo dejó en poder de familiares paternos antes de entregarse ante las autoridades policiales.
Vargas confirmó que acompaña las gestiones junto a organismos nacionales para lograr la restitución inmediata del niño a su entorno familiar materno directo.
"Estamos acompañando a la abuela para que el niño sea devuelto a su centro de vida; cuando las criaturas quedan con las familias del femicida se generan situaciones de mucho dolor y revictimización", concluyó.
