La histórica usina láctea quebró tras casi dos décadas de crisis: lo que encontró la justicia dejó sin palabras
Tras años de crisis financiera, una histórica cooperativa láctea llegó a su fin. ¿Qué descubrió la justicia sobre su millonaria deuda y el futuro de sus trabajadores? Los detalles que nadie se esperaba.
Una de las principales marcas lácteas argentinas llegó a su fin tras años de debacle financiera. Este miércoles, la justicia declaró la quiebra de la cooperativa Sancor, con sede en Sunchales, luego de que fracasara su concurso preventivo iniciado en febrero de 2025.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Rafaela, tras reconocer la propia cooperativa su imposibilidad de pagar las deudas verificadas y presentar una propuesta a sus acreedores. Además, se acumularon pedidos de quiebra directa por falta de pago de obligaciones posteriores al concurso.
El tribunal fundamentó su decisión en la “inviabilidad estructural” de la entidad, debido a un pasivo millonario. La deuda concursal alcanza los 41.600 millones de pesos y 86 millones de dólares.
Durante el proceso, se generó una deuda postconcursal que crece a un ritmo estimado de 3.000 millones de pesos mensuales. En cuanto a la deuda laboral, al personal activo se le deben más de cinco meses de sueldos.
Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad, siendo la de Sunchales la más ociosa. La jueza Agostina Silvestre ordenó continuar la explotación de la empresa para preservar su valor como unidad económica y proteger las fuentes de trabajo.
También dispuso la venta de la empresa “en marcha”, ya sea como un todo o por unidades productivas, mediante una licitación transparente que busque un adquirente capaz de reactivar la producción.
¿Qué pasará con los trabajadores?
El síndico deberá presentar una lista del personal estrictamente necesario para mantener la operación o el mantenimiento de las plantas. Los trabajadores no incluidos quedarán suspendidos por 60 días; si al cabo de ese tiempo no hay solución, la relación laboral se extinguirá.
Los directivos perdieron la administración de los bienes, que pasa a manos de la sindicatura. Se ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salir del país para los integrantes del Consejo de Administración y el Síndico titular de la cooperativa.
El juez determinó que el mecanismo de “salvataje” por parte de terceros, conocido como cram down, no es aplicable porque la ley de cooperativas impide que un externo adquiera las cuotas sociales como en una sociedad anónima. La deuda supera el valor de los activos, haciendo inviable la asunción tradicional de pasivos.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Los acreedores con deudas posteriores a la presentación del concurso tienen hasta el 29 de mayo de 2026 para verificar sus créditos. Mientras tanto, la sindicatura debe realizar un inventario detallado de todos los activos en cada establecimiento.
El mensaje de la jueza a la sociedad
En su resolución, la jueza dedicó varias páginas a enviar un “mensaje a la sociedad” sobre la quiebra. Destacó que el sustrato cooperativo de Sancor hoy es prácticamente inexistente, y que la última gestión se dedicó a operar activos con aspiraciones empresariales, sin lograr recuperar a los socios cooperativos.
“Las causas del deterioro tan progresivo y prolongado aún no han sido analizadas desde la perspectiva judicial”, señaló, aunque mencionó que hay voces autorizadas que pueden dar cuenta de la historia que desembocó en este final.
La prioridad judicial será satisfacer en la mayor medida posible el interés de los acreedores, reconociendo el valor de mercado de la marca, que es un activo separado de las plantas industriales.
Pero subrayó que el verdadero valor radica en los trabajadores: “Son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca”.
Finalizó invocando la protección de Dios, “fuente de toda razón y justicia”, para el mayor bien de las personas y de la economía regional.