La hora de trabajo arranca en $1.919, pero hay ocho subas más en camino
¿Cuánto cobrará por hora un jornalizado en abril de 2027 y por qué el Gobierno definió los montos sin acuerdo?
El Gobierno oficializó el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que regirá desde septiembre de 2026 en todo el país. La medida llegó después de que la reunión del Consejo del Salario del 28 de agosto terminara sin acuerdo entre gremios y empresarios, por lo que el Ejecutivo resolvió fijar los montos mediante un laudo.
Para los trabajadores jornalizados, la hora de trabajo queda establecida en $1.919, mientras que el haber mensual para quienes cumplen una jornada completa de 48 horas semanales asciende a $383.800. Aquellos que se desempeñan en jornadas reducidas o bajo esquemas de tiempo parcial deben cobrar, como mínimo, ese valor proporcional por hora.
Ocho aumentos consecutivos hasta abril de 2027
La resolución traza una hoja de ruta con subas mensuales escalonadas para dar previsibilidad tanto a los costos laborales como a los ingresos de los trabajadores. El cronograma contempla los siguientes tramos:
En octubre, la hora pasará a $1.956 ($391.200 mensuales); en noviembre, a $1.994 ($398.800); en diciembre, a $2.032 ($406.400). Ya en 2027, enero arrancará con $2.071 por hora ($414.200 mensuales); febrero, con $2.110 ($422.000); marzo, con $2.148 ($429.600); y abril cerrará la serie con $2.185 por hora ($437.000 mensuales).
De esta manera, el valor de la hora de trabajo acumulará un incremento de $266 entre septiembre de este año y abril del próximo, sin cláusulas de indexación automática.
Por qué se definió por laudo
La fijación unilateral de los montos responde a los mecanismos previstos por la legislación laboral cuando las partes no logran un acuerdo paritario. En los considerandos, las autoridades mencionaron que, durante el encuentro del 28 de agosto en el Consejo del Salario, hubo un “extenso intercambio de opiniones”, pero las posturas sobre los porcentajes de recomposición quedaron lejanas.
Ante la falta de consenso, el Estado nacional quedó facultado para emitir un laudo vinculante y evitar así un vacío regulatorio. Con las nuevas planillas, se busca garantizar que ninguna remuneración en el mercado registrado quede por debajo del piso de subsistencia, y también funcionan como referencia para los contratos informales y las changas del sector productivo.