La huelga de hambre no le alcanzó: la Justicia tomó una decisión con Anabela Lucero

El juez Santiago Ortiz resolvió este viernes extender por 90 días más la prisión preventiva de la exdiputada provincial Anabela Lucero, de su hermano Enzo Lucero y de su cuñado Exequiel Scarel, todos imputados en la investigación por el presunto desvío de fondos públicos del complejo cultural Molino Fénix, en Villa Mercedes.

La medida llega después de una audiencia que se estiró cerca de tres horas, en la que el Ministerio Público Fiscal y la querella —en representación de Fiscalía de Estado— habían reclamado una prórroga de cuatro meses. El magistrado terminó optando por un plazo menor, pero igual de contundente para los acusados.

El último tramo de la instrucción

Al fundamentar su decisión, Ortiz dejó en claro que este debería ser el último período de la etapa de instrucción. La idea es que la Fiscalía cierre la pesquisa, presente la acusación formal y avance hacia la audiencia de control de acusación, el paso previo a una eventual elevación a juicio oral.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron durante el debate que los riesgos procesales que motivaron las detenciones no solo siguen vigentes: se habrían incrementado. Entre los elementos que expusieron mencionaron presuntos incumplimientos de las normas penitenciarias por parte de Lucero y un episodio en el que, según lo planteado en el expediente, un abogado le habría acercado un teléfono celular para concretar una llamada no autorizada.

La querella también puso la lupa sobre la huelga de hambre que mantiene la exlegisladora y planteó la posible existencia de maniobras para inducir a error a la Justicia respecto de su estado de salud.

Qué dicen los informes médicos

En ese punto, la Fiscalía aseguró que los informes profesionales incorporados al expediente indican que Lucero recibe atención médica dentro del Servicio Penitenciario Provincial y que no se habría acreditado ninguna condición que justificara reemplazar la prisión preventiva por una medida menos restrictiva.

El fiscal José Olguín respaldó el pedido de prórroga en los avances registrados durante los últimos dos meses, un período en el que la investigación sumó nuevas líneas de análisis y alcanzó a otros sospechosos. Entre ellos aparece el empresario Cristian Becher, cuya detención fue señalada por la Fiscalía como parte de los progresos de la pesquisa.

Las defensas, por su parte, pidieron la libertad de los tres acusados o, en su defecto, que se les otorgue la prisión domiciliaria.

Una causa por un presunto perjuicio de $900 millones

El expediente investiga presuntas maniobras irregulares en el Molino Fénix durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se habría conformado una organización para desviar fondos públicos y disponer de recursos estatales en beneficio propio, de terceros y para otros fines ajenos a la administración del organismo.

La estimación provisoria del perjuicio económico asciende a $900 millones, aunque la investigación todavía busca determinar el alcance de las operaciones cuestionadas y las responsabilidades que podrían corresponder a cada uno de los involucrados.

Lucero y el diputado provincial Joaquín Beltrán fueron señalados por la acusación como presuntos jefes de la organización investigada. La causa también comprende a otros sospechosos y contempla delitos como asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.

La situación de Beltrán tiene una particularidad procesal: sus fueros parlamentarios deben ser considerados para avanzar con una eventual medida de detención.

Los próximos pasos

Con la prórroga confirmada, la Fiscalía tiene un nuevo plazo para profundizar las medidas pendientes y preparar la acusación formal. La resolución también marca una instancia decisiva para el avance del expediente, que podría encaminarse hacia el juicio oral una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes.

En paralelo, la investigación continúa ampliándose con la incorporación de nuevos sospechosos y el análisis de posibles responsabilidades en el manejo de los recursos públicos.

El caso del Molino Fénix representa una de las investigaciones judiciales de mayor impacto político y económico en San Luis, tanto por el monto estimado del perjuicio como por la participación de exfuncionarios y dirigentes provinciales.

Mientras avanza el proceso, la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse en las instancias judiciales correspondientes, con pleno respeto por el derecho de defensa y la presunción de inocencia.