La Iglesia le puso fecha límite al Senado por la ley contra las apuestas online: qué pasa si no la tratan

La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) redobló este martes la presión sobre la Cámara alta para que trate la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que espera su sanción definitiva desde hace casi dos años. El organismo eclesiástico lanzó una colecta de firmas y reclamó a los senadores que la debatan antes del 30 de noviembre, cuando cierran las sesiones ordinarias, porque el proyecto corre el riesgo de quedar archivado.

La movida llega en un momento particular: a pocos días del arribo del papa León XIV al país y después de que la Cámara alta aprobara una moción de preferencia para acelerar el debate.

Una petición con consigna clara

A través de Change.org, la Pastoral Social impulsó una solicitud que lleva por título: “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”. De acuerdo con los datos que difundieron los organizadores, la iniciativa acumuló cerca de 1.400 adhesiones, de las cuales más de 500 se sumaron en una sola jornada.

El reclamo retoma una carta que la entidad envió en octubre a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los senadores, donde alertó sobre los efectos del juego compulsivo en niños, adolescentes y jóvenes. “La ludopatía es un atentado contra la vida”, recordó la Pastoral Social, que apuntó contra los intereses económicos que rodean a las apuestas y pidió una intervención estatal más contundente.

El impacto en los más chicos

Según la CEPAS, la expansión de las plataformas digitales de apuestas deja secuelas en la salud mental, en la economía de las familias y en la vida escolar. En ese sentido, reclamó que los legisladores asuman la responsabilidad de cuidar a los sectores más vulnerables y cuestionó la demora del tratamiento parlamentario. “No hacer nada” también es una decisión, advirtió la entidad, que sostuvo que la falta de regulación podría agravar los daños sociales y sanitarios vinculados a la ludopatía.

Los números que manejan los organismos internacionales dimensionan el fenómeno. El estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, reveló que el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por Internet al menos una vez. Además, más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que hizo apuestas online.

Por otro lado, un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina indicó que seis de cada diez adolescentes están expuestos a estas plataformas y que aproximadamente uno de cada ocho menores que apuesta contrajo deudas.

Entre los colaboradores de la Pastoral Social se encuentra el psicólogo y exjugador de Los Pumas Matías Dalla Fontana, que participó de reuniones con legisladores nacionales sobre esta problemática. “Cuidar la vida es Soberanía: No habrá futuro posible sin un debido resguardo, sin un debido cuidado de los más pequeños, de los más débiles”, sostuvo.

Qué dice el proyecto y por qué peligra

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. Desde entonces quedó frenada en el Senado. La semana pasada, la senadora peronista Lucía Corpacci pidió una moción de preferencia para acelerar el debate, que fue aprobada, aunque eso no asegura que el texto se convierta en ley.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las autoras del proyecto, cuestionó las demoras y advirtió que el oficialismo podría dejar que la iniciativa pierda vigencia.

El texto que aprobó Diputados incluye una serie de medidas para limitar el acceso de menores a las apuestas y reducir los riesgos del juego compulsivo:

Prohibición de publicidad y patrocinio: impide que las plataformas promocionen sus servicios en medios, redes sociales, camisetas deportivas y eventos, incluso a través de influencers y figuras públicas.

Controles biométricos: establece mecanismos de verificación de identidad y edad para evitar que los menores ingresen usando datos de terceros.

Sanciones al juego ilegal: prevé penas de prisión para los operadores clandestinos, con agravantes cuando hay menores involucrados.

Prevención y asistencia: contempla campañas educativas, herramientas de autoexclusión y límites para el uso de las plataformas.

Restricciones a los medios de pago: prohíbe el uso de tarjetas de crédito y fija controles sobre las operaciones autorizadas.

El obstáculo central es el calendario. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, aunque el proyecto conservaría formalmente estado parlamentario hasta el 1° de marzo de 2027. Para tratarlo en extraordinarias, el Poder Ejecutivo debería incluirlo en el temario. Y si el Senado le introduce cambios, el texto tendría que volver a Diputados.

En ese escenario, la Iglesia y los legisladores que apoyan la iniciativa buscan acelerar las negociaciones para que el proyecto no pierda estado parlamentario sin haberse convertido en ley.