La Iglesia patagónica contra la venta de tierras a extranjeros: ¿qué dice el documento que alerta a la región?

La Pastoral Social de la Patagonia-Comahue salió al cruce del proyecto que busca declarar la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada. El texto, que habilita la compra de tierras por extranjeros sin límites, encendió las alarmas en la región.

¿Qué plantea el proyecto?

La iniciativa, que genera un fuerte rechazo en distintos sectores, modificaría el régimen de propiedad de la tierra y permitiría que capitales extranjeros accedan a grandes extensiones del territorio nacional sin las restricciones que impone la legislación vigente.

Según los equipos pastorales, esto favorece la concentración de tierras en manos de unos pocos y compromete bienes estratégicos como el agua, los bosques y los recursos mineros.

El documento de la Iglesia

El pronunciamiento, firmado por las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche, sostiene que la propuesta desconoce el principio del bien común y la función social de la propiedad.

“La tierra es un bien común, don de Dios, destinado a todos”, afirma el mensaje, que cita la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV para fundamentar su postura.

“La concentración y la apropiación por compra de tierras en manos de unos pocos (…) contradice la enseñanza evangélica y la tradición de la Iglesia, que nos llama a cuidar la casa común”, señala el texto.

Rechazo y llamado a la acción

La Pastoral Social expresó su rechazo a “toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social”, y llamó a promover políticas que aseguren un acceso equitativo a la tierra y al trabajo.

Además, invitó a las comunidades a defender el principio del bien común “como fundamento de la paz social y de la justicia, y como defensa del territorio y la soberanía nacional”.

“Nos sumamos a todas las acciones que se hagan para tomar conciencia, llamar la atención y lograr que la ley no sea aprobada”, expresa el mensaje.

El documento se suma a las críticas de sectores sociales, ambientales, sindicales y políticos que vienen manifestando su preocupación por el avance de la iniciativa.