La indagatoria de Tapia se frenó: el cambio legal que retrasa el interrogatorio clave en la AFA

La declaración del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ante la Justicia por una millonaria deuda fiscal fue postergada en medio de un tenso conflicto que ya paralizó el fútbol argentino. Su audiencia, prevista para este jueves, fue reprogramada para el 12 de marzo luego de un cambio en su defensa legal, según confirmaron fuentes judiciales. La causa investiga la presunta apropiación indebida de aportes por una suma que supera los 19 mil millones de pesos.

¿De qué se lo acusa a la AFA?

El caso se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 12 de diciembre pasado. El organismo acusa a la asociación de omitir el depósito de retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias en los plazos legales, así como el pago de contribuciones patronales. La deuda total imputada asciende a $19.353.546.843,85, abarcando períodos desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, lo que configura un total de 69 hechos independientes.

La querella, impulsada por ARCA, argumenta que la falta de pago durante 19 meses no pudo ser una decisión aislada. Según su acusación, la mesa chica de la institución, que firmaba los estados contables, tenía pleno conocimiento de la situación financiera.

La ronda de indagatorias que sigue su curso

Bajo esa premisa, el juez en lo penal económico Diego Amarante convocó a declarar a otros directivos. Gustavo Lorenzo, director general, lo hará el viernes 6 de marzo. Cristian Malaspina, secretario general, y el ex secretario Víctor Blanco, declararán el lunes 9. El tesorero Pablo Toviggino logró postergar su audiencia para el miércoles 11. Con la nueva fecha, Tapia será el encargado de clausurar esta ronda de indagatorias. Todos los directivos quedaron con prohibición de salir del país, una medida que ya fue apelada.

El avance de la causa provocó una respuesta sin precedentes del Comité Ejecutivo de la AFA, que dispuso un paro de actividades para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. Esta medida paralizó todas las categorías del fútbol argentino y forzó la reprogramación de la fecha 9 del Torneo Apertura.

La estrategia legal y las críticas al juez

La defensa de Tapia, que ahora estará a cargo del abogado Luis Fernando Charró, había intentado frenar las audiencias. Sus anteriores letrados, Norberto Frontini y Lucio Simonetti, presentaron un pedido para dejar sin efecto las citaciones hasta que la Cámara Nacional en lo Penal Económico resuelva un planteo de nulidad. El juzgado declaró este pedido improcedente el martes 3 de marzo.

El origen del conflicto judicial se remonta a un planteo de falta de acción presentado por la AFA el 27 de enero, donde solicitó su sobreseimiento argumentando que la deuda no era exigible. Alegaron que el Ministerio de Economía y ARCA habían suspendido juicios de ejecución fiscal para entidades sin fines de lucro. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el cierre de la causa el 11 de febrero, sosteniendo que la suspensión administrativa no elimina la obligación penal de depositar el dinero retenido en el plazo legal de 30 días.

En paralelo, Gregorio Dalbón, vocero judicial de la AFA, lanzó un fuerte descargo público cuestionando la decisión del juzgado. “La resolución dictada este martes por el juez Diego Amarante no nos sorprende. Debería sorprenderle a él”, manifestó. Dalbón advirtió que la Cámara aún no se expidió sobre la apelación de fondo y que avanzar ahora constituye “una extralimitación funcional”.

En un giro controversial, el letrado puso en duda la imparcialidad de Amarante al aludir a una denuncia penal que él mismo impulsó contra el magistrado. “El magistrado que hoy decide avanzar contra terceros es el mismo que afronta una denuncia por dádivas en el ejercicio de su función”, esgrimió. Y concluyó: “La imparcialidad no es sólo una garantía de los imputados. Es el presupuesto mínimo de legitimidad de cualquier acto jurisdiccional”.