La inflación bajó a 1,7%, pero un economista advierte qué puede hacerla retroceder

El 1,7% de agosto confirmó que la inflación baja, pero hay un dato que todavía no llega al bolsillo de las familias. Y un economista advierte qué puede hacer retroceder todo el proceso.

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La inflación bajó a 1,7%, pero un economista advierte qué puede hacerla retroceder
La inflación bajó a 1,7%, pero un economista advierte qué puede hacerla retroceder

La inflación de agosto fue del 1,7% y confirmó una desaceleración, pero el economista Rolando Carrizo advirtió que la estabilidad todavía no llega al bolsillo de las familias y que el año electoral puede poner en riesgo el proceso.

En diálogo con InformateSalta, Carrizo consideró que el dato es positivo porque confirma una tendencia descendente, aunque remarcó que "todavía falta". Según explicó, Argentina atraviesa una primera etapa de estabilización y después deben llegar más inversión, crecimiento, competitividad, empleo y, finalmente, mejores salarios.

El economista aclaró que el índice general no refleja necesariamente lo que vive cada familia. El 1,7% no significa que todos los precios hayan subido lo mismo. Una familia que paga alquiler, tiene hijos en edad escolar o consume determinados servicios puede enfrentar aumentos muy diferentes al promedio nacional.

Los seis pasos que faltan

Para Carrizo, el objetivo debería ser llevar la inflación a niveles cercanos a cero, aunque no necesariamente a cero absoluto. Recién a partir de ahí podría comenzar una segunda etapa: la recuperación del salario y del bienestar.

El proceso, según resumió, tiene seis pasos: primero la estabilidad, después la inversión, el crecimiento, la competitividad o desarrollo, una mayor demanda de empleo y, finalmente, mejores salarios.

"No es el objetivo final, es el punto de inicio para un objetivo superior o mayor, que vendría a ser el bienestar", sostuvo. Y advirtió que intentar acelerar el proceso tomando atajos podría generar el efecto contrario: "Si queremos tomar el atajo, vamos a estar peor".

El riesgo electoral y la advertencia sobre el RIGI

Uno de los puntos centrales del análisis fue el impacto que puede tener el año electoral que viene sobre la economía. Carrizo consideró que el principal riesgo es que las decisiones políticas interrumpan el proceso de estabilización.

Según explicó, los inversores necesitan previsibilidad para comprometer grandes cantidades de dinero y, si existe incertidumbre sobre qué política económica tendrá el próximo gobierno, pueden decidir esperar. "Si nosotros interrumpimos este proceso, vamos a retroceder", advirtió.

Como ejemplo mencionó los proyectos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según sus números, existen proyectos anunciados por alrededor de US$200.000 millones, aunque hasta ahora se habría ejecutado menos del 3%, unos US$5.000 millones, principalmente vinculados al sector energético y Vaca Muerta.

Para el economista, todavía queda por concretarse aproximadamente el 97% de esas inversiones, y allí aparece el riesgo electoral: si las empresas perciben que las reglas pueden cambiar, podrían postergar sus decisiones. "Yo pongo 200.000 millones en la medida en que se respete este proceso", resumió.

Dólar, cautela y un año "complicado"

Carrizo anticipó además que las elecciones pueden generar un escenario de mayor cautela. Ante la duda sobre qué puede ocurrir después de los comicios, algunos inversores pueden esperar y los particulares pueden buscar refugio en el dólar.

Por eso definió al próximo año como "complicado" para la economía. El impacto, según su análisis, no se limitaría a las inversiones: si el proceso se interrumpe, también podrían demorarse el crecimiento, la generación de empleo de calidad y la recuperación de los salarios.

Servicios y tarifas, la pata que sigue pesando

El otro dato que aparece detrás del 1,7% es el comportamiento de vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, rubros que continúan teniendo un peso importante en la inflación.

Carrizo explicó que muchos de estos precios estuvieron durante años regulados o subsidiados, por lo que ahora atraviesan un proceso de actualización. El caso de la electricidad es uno de los más claros: la reducción de subsidios implica que los usuarios comiencen a pagar una proporción mayor del costo real del servicio. Lo mismo ocurre, dijo, con combustibles, transporte y otros precios que todavía estaban atrasados.

La discusión, para el economista, pasa por sostener esos valores artificialmente bajos o avanzar hacia precios que reflejen los costos reales. "No podemos seguir con la política de subsidio porque después nos quedamos sin gas, sin combustible", sostuvo.

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