La influencer santiagueña que usaba a los gobernadores: amplían su procesamiento por una trama de importaciones

La Justicia destapó nuevos nombres en la trama de la influencer santiagueña. ¿Cómo logró usar los datos de varios gobernadores para sus importaciones y qué evidencia clave la terminó comprometiendo?

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La influencer santiagueña que usaba a los gobernadores: amplían su procesamiento por una trama de importaciones

La Justicia Federal de Tucumán descubrió nuevos hechos en la compleja trama de contrabando que involucra a una joven de Santiago del Estero. Valentina Olguín enfrenta una acusación ampliada por utilizar datos fiscales de altos mandatarios para importar ropa, en una maniobra que la tiene al borde de una condena de cárcel.

El Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez, decidió ampliar el procesamiento contra la influencer. La medida la alcanza por aproximadamente 15 hechos bajo la figura legal de contrabando por simulación. Aunque no se decretó prisión preventiva, la situación legal de Olguín se complica significativamente.

La joven ya había sido procesada a principios de 2025 por el uso indebido del CUIT del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo. Sin embargo, la investigación no se detuvo allí y logró destapar operaciones similares con datos de otras figuras políticas.

¿A quiénes más habría utilizado?

Según las pruebas reunidas por la fiscalía, Olguín no se limitó al caso de Jaldo. La investigación reveló que también utilizó, sin autorización, los datos fiscales de Sergio Raúl Ziliotto, gobernador de La Pampa; Axel Kicillof, mandatario de la provincia de Buenos Aires; y Rogelio Frigerio, exgobernador de Entre Ríos.

El objetivo de estas acciones era siempre el mismo: concretar compras de indumentaria en el exterior y hacer que los paquetes llegaran directamente a su domicilio en el barrio porteño de Núñez, sorteando los controles aduaneros habituales.

La teoría del fiscal: una simulación para obtener beneficio

El fiscal federal a cargo de la causa, Agustín Chit, fundamentó la ampliación del procesamiento. Sostuvo que Olguín “simuló operaciones ante el servicio aduanero” con el claro propósito de evadir los límites establecidos por el régimen de importación para envíos courier.

Esta estrategia, según la acusación, le permitió obtener un beneficio económico directo, al evitar impuestos y restricciones cuantitativas que aplican a los particulares. La maniobra fue meticulosamente investigada.

Los investigadores no trabajaron solo con denuncias. Durante la pesquisa se analizó un cúmulo de evidencia digital que incluyó comunicaciones privadas, el contenido de dispositivos electrónicos incautados y datos de antenas telefónicas. La ubicación de su teléfono coincidía sistemáticamente con la recepción de los envíos internacionales en su casa.

Además, se logró rastrear y documentar compras específicas realizadas a través de la reconocida empresa de logística FedEx, lo que terminó de armar el rompecabezas de la operación.

Consecuencias graves: embargo millonario y posible prisión

Ante la gravedad y la clara reiteración en las maniobras delictivas, el juez Díaz Martínez no solo amplió el procesamiento. También ordenó extender el embargo sobre los bienes de Valentina Olguín, elevando el monto total asegurable para la causa hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos.

El delito por el que se la juzga, contrabando por simulación, contempla en el Código Penal penas de entre 2 y 8 años de prisión. Cada nuevo hecho descubierto aumenta el riesgo de que la influencer enfrente una condena efectiva de cárcel al final del proceso.

Todo comenzó con una denuncia personal. La causa se inició formalmente tras la presentación del propio gobernador Osvaldo Jaldo, quien alertó a la Justicia que su Clave Única de Identificación Tributaria estaba siendo utilizada sin su consentimiento para compras en el extranjero.

La defensa de Olguín intentó argumentar que se trataba de una simple “búsqueda al azar” de datos en internet, pero esta línea argumental fue categóricamente rechazada por el juzgado. Para los magistrados, la evidencia demuestra una conducta intencional y sistemática, lejos de ser un accidente o un hallazgo casual.

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