La influencer y los gobernadores: la trama de compras con identidades ajenas que amplía su procesamiento en Tucumán
Una influencer procesada en Tucumán por usar los datos de gobernadores para comprar ropa en el exterior. ¿Cómo logró operar con las identidades de Jaldo, Kicillof y otros mandatarios sin ser detectada? Los detalles de la investigación que destapó el engaño.
La Justicia Federal de Tucumán profundizó la investigación contra una influencer por una compleja maniobra de contrabando. Valentina Olguín fue procesada por utilizar datos fiscales de, al menos, cuatro gobernadores, incluido Osvaldo Jaldo, para realizar compras en el exterior. El caso, que comenzó con una denuncia del mandatario tucumano, reveló una operatoria sistemática para eludir los límites aduaneros.
El Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez, resolvió ampliar el procesamiento de Olguín por el delito de contrabando por simulación, sin dictar prisión preventiva. La decisión se basó en la acreditación de al menos 15 hechos en los que la acusada habría simulado ser otras personas para importar indumentaria.
¿Cómo se descubrió la maniobra?
Todo comenzó el 28 de octubre de 2024, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo presentó una denuncia ante la Justicia. Había detectado que su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) había sido utilizada sin su autorización para concretar compras en el extranjero. Esta alerta activó la investigación del fiscal federal Agustín Chit, quien comenzó a reconstruir una trama de mayor alcance.
Según la causa, la imputada utilizó en al menos cinco oportunidades los datos del mandatario tucumano entre septiembre y octubre del año pasado. Las compras, realizadas en la tienda online estadounidense “Revolve”, eran enviadas directamente al domicilio particular de Olguín en el barrio porteño de Núñez.
La investigación que unió las piezas
La Fiscalía Federal N° 2 reunió una batería de pruebas contundentes. Se realizaron análisis de comunicaciones, peritajes sobre dispositivos electrónicos y estudios de impacto de antenas telefónicas, los cuales coincidían con la recepción de los paquetes en la vivienda de la acusada. El seguimiento de los envíos gestionados por la empresa FedEx fue clave para trazar el circuito completo de la operatoria.
Con estas evidencias, se dispuso el allanamiento de la casa de la influencer. En el procedimiento se secuestraron facturas de FedEx a nombre de los gobernadores, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo y una importante cantidad de prendas de vestir que aún se encontraban en sus envoltorios originales.

La ampliación del caso: más gobernadores involucrados
La investigación no se limitó al caso de Jaldo. El expediente determinó que Olguín también utilizó los datos personales y CUIT de otros tres mandatarios provinciales: Sergio Ziliotto de La Pampa, Axel Kicillof de Buenos Aires y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Estos hechos se sumaron a los ya investigados, motivando la ampliación del procesamiento.
Ante la reiteración de las maniobras, el juzgado también dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos. La defensa de Olguín había argumentado que los datos de los gobernadores se obtuvieron mediante una “búsqueda al azar” en internet, pero el tribunal rechazó este planteo, considerando improbable esa hipótesis dada la naturaleza de los hechos.
Una causa que se centralizó en Tucumán
Inicialmente, el fiscal Chit solicitó que los casos vinculados a los otros gobernadores fueran investigados en sus respectivas jurisdicciones federales (La Plata, Santa Rosa y Paraná). Sin embargo, esos juzgados rechazaron la competencia. Este rechazo derivó en que, el 3 de julio de 2025, se confirmara que el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán continuaría a cargo de la totalidad del expediente unificado.
La causa continúa en etapa de instrucción bajo la figura de contrabando por simulación, un delito que prevé penas de entre dos y ocho años de prisión. La Justicia tucumana deberá ahora seguir profundizando en los detalles de una trama que utilizó las identidades de las más altas autoridades provinciales para fines personales.