La Inspección General avanza con veedores en la AFA tras negativa a entregar información clave

La Inspección General de Justicia (IGJ) confirmó este miércoles que designará veedores en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) tras detectar graves irregularidades. La entidad que preside “Chiqui” Tapia se negó a presentar documentos contables e información sobre la Universidad de la AFA, a pesar de los plazos legales otorgados. Este paso del organismo dirigido por Daniel Vítolo busca arrojar luz sobre el destino de millones de dólares.

¿Qué información oculta la AFA?

El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, detalló que los veedores tendrán la misión de “obtener y verificar la información que no fue presentada”. El comunicado oficial fue contundente: la AFA no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años.

Esto significa que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares que ingresaron y salieron de la institución rectora del fútbol argentino. La falta de transparencia se extiende por un período prolongado, generando serias dudas sobre su gestión financiera.

Entre las irregularidades detectadas, el ministerio destacó un intento de mudanza a un predio en la Provincia de Buenos Aires que fue rechazado. Se comprobó que la sede social declarada era falsa, ya que en el lugar no existen instalaciones ni funciona la administración.

La AFA continúa operando de hecho en su dirección histórica de Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el organismo señaló que no se brindó información sobre la denominada “Universidad de la AFA”, que tampoco se encuentra registrada oficialmente.

Las declaraciones del titular de la IGJ

Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, ponderó que “en las últimas semanas se ha dado a conocer públicamente la investigación de eventuales maniobras que podrían implicar el ocultamiento de importantes ingresos”. Según su visión, estos fondos habrían sido derivados a través de entidades ajenas, tanto locales como extranjeras, sin pasar por la contabilidad oficial de la institución.

Estas acciones violarían las normas legales vigentes y las estatutarias de la propia entidad. Vítolo también hizo referencia a que “se ha citado a prestar declaración indagatoria —por parte de la Justicia— a todas las principales autoridades de la AFA”.

Esta citación está relacionada con una posible retención de importes millonarios correspondientes a impuestos y aportes previsionales. Para la IGJ, estos precedentes otorgan mayor sustento al pedido de designación de veedores para recabar la información negada.

El largo camino de la investigación

La investigación de la IGJ abarca los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. Inicialmente, el organismo le dio un plazo legal a la AFA para presentar la documentación solicitada y no apuró la designación de veedores. “Lo cierto es que si la AFA cambió su actitud resistente y cumplió con la intimación dando la información, no hay justificativo para hablar de una veeduría, por lo menos por el momento”, dijo Vitolo en su momento.

Sin embargo, la situación cambió a principios de febrero cuando la IGJ volvió a intimar a la AFA para que presente más detalles de sus estados contables y financieros. El pedido incluyó partidas relevantes, flujos de fondos y operaciones con firmas del exterior, entre ellas un conjunto de sociedades señaladas en distintas investigaciones.

Según la documentación oficial, el organismo ya había requerido en diciembre pasado una apertura más precisa de rubros expuestos de manera global. En conjunto, estos rubros representaban montos cercanos a los 111 millones de dólares en el caso de la AFA.

Aunque la entidad presentó informes complementarios a mediados de enero y sus auditores concurrieron a audiencias en la IGJ, los inspectores concluyeron que la información seguía siendo insuficiente. Esto los llevó a avanzar con un nuevo pedido de ampliación antes de tomar la decisión final de designar veedores.

Los puntos clave del conflicto

Entre los puntos centrales de la requisitoria figura la solicitud de nuevas aperturas en gastos por “recuperos” correspondientes a los ejercicios 2017 a 2021. También se exige una conciliación analítica de flujos vinculados a derechos de clubes, sponsorización y deudas con la FIFA, la Conmebol y la Superliga en 2022.

Además, la IGJ pidió aclarar ingresos por seis millones de dólares provenientes de la Superliga en 2023 y detallar la composición de deudas por 4,5 millones de dólares con organismos internacionales en ese mismo período. La designación de veedores busca ahora “verificar la eventual existencia de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos de la entidad”.

La medida marca un punto de inflexión en el tenso vínculo entre el organismo de control y la máxima entidad del fútbol argentino, en un contexto donde la transparencia en la gestión de los fondos del deporte más popular del país está bajo la lupa.