La inteligencia artificial ya es la nueva herramienta del delito: cómo actúan y por qué la ley argentina no los alcanza

La revolución tecnológica abrió una puerta peligrosa para el crimen. Con solo unos segundos de audio o una foto pública, los delincuentes pueden clonar voces o crear videos falsos para cometer fraudes, extorsiones y dañar reputaciones. Mientras los casos se multiplican en las fiscalías, la legislación penal argentina corre detrás de una realidad que avanza a velocidad de vértigo.

Expertos en derecho penal y cibercrimen analizan el panorama actual, marcado por un vacío legal que deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema. La pregunta que resuena en los pasillos judiciales es clara: ¿cómo perseguir delitos que no estaban en el código?

Los fraudes que ya están en los tribunales

El delito más frecuente que llega hoy a los escritorios de los fiscales es la estafa mediante deepfake. Mediante un video o audio generado por inteligencia artificial, se imita la voz o la imagen de una figura pública, un político o un empresario para promocionar inversiones fraudulentas o pedir transferencias de dinero.

Cuando este engaño involucra la manipulación de sistemas de pago o la interceptación de credenciales, los operadores judiciales aplican el artículo 173, inciso 16 del Código Penal, que tipifica la estafa informática. Esta figura fue incorporada por la Ley 26.388, pero no fue pensada para la sofisticación actual.

Suplantar una identidad nunca fue tan fácil

Otra conducta en expansión es la suplantación de identidad digital. Consiste en asumir la apariencia de otra persona usando su voz, imagen o datos personales generados con IA. El objetivo puede ser engañar a terceros, dañar la reputación de la víctima o cometer otros delitos en su nombre.

El problema jurídico es de base: el Derecho Penal argentino no tiene un tipo penal autónomo de “suplantación de identidad digital”. Los fiscales deben forzar la aplicación de otras figuras, según si el fin fue un fraude patrimonial, un daño a la honra o un caso de violencia de género.

El inquietante vacío legal de los deepfakes

Los deepfakes –videos, audios o imágenes hiperrealistas generados por IA– representan un desafío mayúsculo. En Argentina, su creación o difusión no consentida no está prohibida por una ley específica, a menos que el contenido sea de índole sexual.

Desde el Ministerio de Justicia se han propuesto modificaciones al Código Penal para incluir los deepfakes sexuales como delito autónomo, además de regular el ciberacoso y la suplantación de identidad. Sin embargo, el texto final de esta reforma aún no se conoce.

Cuando una foto inocente se vuelve un arma

Uno de los casos más impactantes es el uso de fotografías descargadas de redes sociales para crear, mediante técnicas de intercambio facial o face-swapping, contenido sexual explícito con el rostro real de la víctima.

Un ejemplo concreto ocurrió en junio de 2025, cuando un joven de 19 años fue procesado en Córdoba por haber generado este tipo de material con las imágenes de sus compañeras de colegio. Estos hechos exponen las consecuencias del vacío legal.

Ante la falta de una figura penal adecuada, los jueces y fiscales deben recurrir a tipos penales no diseñados para esto, como lesiones graves o injurias, lo que muchas veces no refleja la gravedad del daño psicológico y social causado.

La extorsión en la era digital

La vertiente más grave y silenciosa de este fenómeno es la extorsión mediante deepfakes. El mecanismo es claro: el delincuente genera imágenes o videos falsos en situaciones comprometedoras, generalmente de contenido sexual, y amenaza con difundirlos si la víctima no paga un rescate o accede a sus demandas.

Para estos casos, el Código Penal ofrece herramientas más definidas, como la figura de la extorsión. No obstante, el obstáculo real no es la calificación legal, sino la enorme dificultad probatoria.

Demostrar ante un tribunal que un material audiovisual es un deepfake requiere peritos especializados, cadenas de custodia digital impecables y laboratorios forenses con tecnología de punta. Esta barrera técnica hace que muchas víctimas ni siquiera se animen a denunciar.

¿Qué le falta al sistema para hacer frente?

El balance actual es preocupante, pero no desolador. Argentina cuenta con algunas herramientas para perseguir estafas, amenazas y extorsiones cometidas con IA. Sin embargo, el núcleo del problema es la ausencia de tipos penales específicos para el deepfake y la suplantación de identidad digital.

Los especialistas coinciden en que el sistema necesita, con urgencia, cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, una legislación específica que tipifique como delito autónomo la creación y difusión de deepfakes sin consentimiento, con penas proporcionales al daño causado.

En segundo término, es vital desarrollar capacidad técnica dentro del sistema judicial, con fiscalías y juzgados especializados en cibercrimen que tengan acceso a peritos en inteligencia artificial y forenses digitales.

La protección de datos personales también debe actualizarse. Una reforma de la Ley 25.326 debería incorporar expresamente los datos biométricos (como la voz o el rostro) como datos sensibles, exigiendo un consentimiento explícito para su procesamiento.

Finalmente, es inaplazable establecer un marco de responsabilidad para las plataformas digitales. Aquellas que ofrecen servicios de clonación de voz y rostro sin controles mínimos son parte del problema y su regulación es un paso necesario.

La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, con un potencial enorme para el bienestar, pero también para el delito. Los expertos advierten que, para que no se convierta en un territorio sin ley, es imperioso construir límites acordes a sus capacidades.

(*) Andrés García Vautrin es Abogado penalista, en los último años se enfocó a delitos financieros, fraudes con cripto activos, estafas tecnológicas y nuevas formas de criminalidad económica asociadas al entorno digital.