La intendenta de General Roca le firmó la cesantía a la secretaria general del gremio municipal y el caso llegó a juicio. Ella dice tener una ley que la respalda y dejó una pregunta incómoda sobre la mesa.
La pregunta la lanzó Susana Elosegui apenas salió de los tribunales de General Roca, donde este lunes arrancó la audiencia de juicio entre la Asociación Trabajadores Municipales (ATM) y el municipio que conduce María Emilia Soria. La dirigente gremial busca que se anule su cesantía, firmada por la intendenta a fines de noviembre del año pasado.
"Tanto que la señora intendenta habla del peronismo y de la justicia social… mi pregunta es: ¿cuál es la justicia social de la intendenta? ¿Para ella echar a una referente sindical que defiende el derecho del trabajador es justicia social?", planteó Elosegui ante la prensa.
Su argumento central para pelear la medida es la tutela sindical. "No me puede echar, porque yo tengo una tutela sindical, y hay una ley que me respalda", afirmó. Sobre la primera jornada del juicio, se mostró confiada: "Te puedo asegurar que le fue muy mal al municipio".
Los reclamos detrás de la sanción
Para la secretaria general de ATM, el expediente que derivó en su desvinculación no se explica sin la agenda de conflicto que el gremio mantiene con el Ejecutivo municipal. "Esto se desata por los reclamos que yo venía realizando en el 2024: el tema de la violencia de género, violencia laboral, sueldos bajos, reclamos por indumentaria, reclamos de elementos de seguridad e higiene. Todo tipo de reclamos", enumeró.
A esa lista le agregó una lectura política: "A la intendenta no le gusta la exposición o que le divulguen las situaciones negativas referidas al personal que padece la municipalidad". Y apuntó directo a Soria: "¿Qué le molesta de mí? ¿Que soy confrontativa, que le digo la verdad, que le ventilo cuestiones que pasan adentro de la municipalidad y que no tendrían que pasar?".
El bloqueo que marcó el quiebre
Según el relato de Elosegui, el punto de inflexión llegó en 2024, cuando el gremio bloqueó la entrada y salida del depósito municipal y del área de Participación Vecinal para visibilizar dos casos de violencia de género contra trabajadoras y otros dos de maltrato laboral.
"Después de eso, ellos deciden realizarme un informe, el cual está lleno de vicios y manipulado. Hicieron una estrategia para asustarme y echarme. Todo para sacarme del medio", sostuvo.
La acusación municipal, siempre según la versión de la dirigente, se sustenta en supuestas inasistencias durante junio de ese año. Elosegui marca una contradicción: "Ellos dicen que, en ese momento, durante el mes de junio, yo no fui a trabajar. Pero resulta que me pagaron el sueldo".
La secretaria general contó que en una primera instancia el juez dio por válidos los argumentos del abogado del gremio y de sus testigos, "porque la municipalidad no pudo contestar" con un informe y alegatos precisos. Fue entonces, según su versión, cuando el Ejecutivo avanzó por la vía administrativa con un sumario: "El tribunal de disciplina, que responde a la intendenta, decide cesantearme. Nosotros hacemos el descargo, pero igual me llegó la cesantía el año pasado a fines de noviembre, con la firma de la intendenta". Para ATM, se trata de "una conducta antisindical".
Qué dice la ley sobre la tutela sindical
El planteo de Elosegui se apoya en la protección que la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales otorga a quienes ocupan cargos de representación gremial. Mientras dure el mandato, y por un período posterior, no pueden ser despedidos, suspendidos ni ver modificadas sus condiciones de trabajo sin una resolución judicial previa que los excluya de esa garantía: el trámite conocido como desafuero.
El juicio, además, se inscribe en un vínculo que acumuló episodios de alto voltaje en los últimos meses. En septiembre, ATM y el municipio se cruzaron públicamente después de que la comuna difundiera en sus redes imágenes de cámaras de seguridad acusando a manifestantes de "prender fuego un árbol" durante una protesta en plaza Belgrano contra nueve cesantías. El gremio desmintió el hecho, habló de "una bengala de humo en un cantero" y anunció acciones civiles por afectación al honor de su secretaria general.
En esa oportunidad, el municipio justificó los despidos en "inasistencias injustificadas reiteradas" y en "antecedentes disciplinarios previos" de los agentes, y aseguró que los procesos se hicieron "con participación gremial y respetando el derecho de defensa".
Pocas semanas después, el 24 de septiembre, Elosegui volvió a encabezar la postura de ATM en la mesa paritaria: firmó como "disconforme" el acta del acuerdo salarial de 5,8% de aumento hasta noviembre que sí suscribieron SOYEM, UPCN y ATE. Su participación en esa instancia, con la cesantía ya firmada, muestra que el gremio sostiene su representación mientras la Justicia resuelve.
Ahora será el tribunal el que defina si la desvinculación de la principal referente del gremio más combativo del municipio se ajustó a derecho o si, como sostiene ATM, fue una forma de correr del medio a una voz incómoda. La pregunta que Elosegui le dejó a Soria, en tanto, ya quedó instalada en el terreno político.
