La interna de los magistrados tucumanos ya tiene tres jueces nuevos y un recibo que llamó la atención

La pulseada por la conducción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) se judicializa cada vez más. La vocal de la Cámara de Apelación del Trabajo de Concepción, Malvina Seguí, apeló la resolución que le negó frenar los comicios y, además, recusó al juez civil Raúl Tejerizo al entender que hay razones para poner en duda su imparcialidad.

La camarista, patrocinada por el abogado Eduardo Eugenio Racedo, reclamó a la Cámara una medida de no innovar para detener el avance del proceso electoral y pidió que el expediente recaiga en Camilo Appas, de la XII° Nominación. En paralelo, se sorteó el tribunal que analizará las excusaciones de los magistrados del fuero civil: quedó compuesto por Álvaro Zamorano, María Dolores Leone Cervera y Florencia Natalia Presti.

Los movimientos se producen después de que Tejerizo rechazara el 21 de octubre la cautelar que buscaba suspender las elecciones. Para el juez, la reunión que convocó la Comisión Directiva para tratar el cronograma no alteraba por sí sola el padrón, y los plazos del amparo permitían resolver el fondo antes de que se configurara un perjuicio concreto.

El padrón, la antigüedad y la pelea de fondo

Seguí salió a cuestionar esos argumentos. Para la camarista, aguardar a que se confeccione el padrón equivale a convalidar una restricción que considera ilegítima.

El nudo del conflicto es la antigüedad exigida para votar. De acuerdo con el planteo, la Comisión Directiva informó el 9 de octubre que a los funcionarios judiciales incorporados después de la asamblea de 2021 se les computarían los cuatro años desde su afiliación efectiva, y no desde el 31 de octubre de 2025, cuando comenzó a regir la reforma estatutaria que creó la figura de los socios adherentes.

La apelación también apunta a los tiempos. Según Racedo, una sentencia favorable podría quedar en suspenso si la entidad la recurre, y la falta de un tribunal de alzada constituido impediría asegurar una resolución a tiempo. De ahí la insistencia en la cautelar.

El escenario, además, condiciona la chance de Seguí de armar su propia lista: ya anunció que competirá por la presidencia de la asociación. El estatuto exige que al menos el 60% de sus integrantes sean magistrados de la categoría de socios fundadores y habilita hasta un 40% de adherentes.

Los números que Seguí pone en discusión

La renovación de autoridades de la AMT está en juego: los mandatos vencen el 15 de diciembre de 2026 y la entidad es conducida de manera interina por el vicepresidente Jorge Jakobsen.

Seguí cuestiona la incorporación de unos 50 funcionarios desde 2021 en un padrón que ronda los 200 magistrados. A su entender, esos ingresos modificarían en más de un 20% el cuerpo electoral, aunque un dictamen de la Dirección de Personas Jurídicas indica que los cuatro años de antigüedad requeridos para los adherentes se cumplirían recién en octubre de 2029.

La camarista dejó abierta, incluso, la posibilidad de pedir la intervención judicial de la asociación si las demoras ponen en riesgo la renovación de autoridades.

Entre la documentación que acompañó aparece el legajo de Personas Jurídicas, que señala un período de irregularidad y acefalía institucional entre 2022 y 2024. También sumó actas notariales que, según su presentación, muestran que el sitio oficial sigue publicando un estatuto anterior y que hay inconsistencias en los padrones: una de ellas consigna la fecha de ingreso de un funcionario como el 17 de julio de 1905.

El otro expediente: las cuentas de la asociación

La pelea electoral corre en paralelo a otra causa por los gastos de la AMT. La inició la jueza Ana María Iacono el 22 de julio, cuando reclamó la nulidad de la asamblea ordinaria del 23 de abril de 2026. La magistrada denunció que no pudo revisar antes las facturas y los recibos de los gastos previo a la aprobación del balance.

El 2 de octubre, el juez Pedro Yane Mana dictó una cautelar para intimar a la asociación a entregar en 48 horas la documentación contable de 2025, bajo apercibimiento de secuestro.

La directiva presentó papeles sin el inventario exigido, pidió revocar la medida y recusó a Yane Mana por ser socio activo y haber votado a favor del balance cuestionado. Tras su apartamiento y las inhibiciones de otros jueces civiles, el expediente quedó en manos de Inés Yamúss.

El 13 de octubre, Yamúss encabezó una inspección en la sede de la AMT, en el Palacio de Tribunales. El acta registró varias observaciones: un libro de Bancos sin registros desde el 19 de mayo de 2017, planillas de Excel sin membrete, facturas de medicina prepaga y comprobantes de gastos de congresos, máquinas expendedoras y líneas telefónicas.

También apareció un recibo sin membrete por $6 millones por la compra de 100 tarjetas de comida.

El balance de 2024 y la respuesta de la comisión

A todo esto se suman las intimaciones extrajudiciales que el juez penal Gonzalo Ortega envió entre mayo y agosto de 2026 para pedir explicaciones sobre el balance de 2024, período en el que aportó su cuota antes de desafiliarse en diciembre de ese año.

Ortega reclamó identificar a quienes administraron los fondos y manejaron las cuentas bancarias durante la etapa irregular. También pidió aclaraciones sobre gastos en comestibles y cafetería por $22.760.206,78, pagos a obras sociales y farmacias, y transferencias a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) por $7.644.565,52.

La Comisión Directiva rechazó los planteos: sostuvo que no existe la figura del asociado por el pasado y que la Ley de Protección de Datos Personales impide exhibir nóminas de terceros.

En un comunicado, la asociación defendió las erogaciones y aseguró que corresponden a servicios compartidos de cafetería, líneas telefónicas bonificadas y beneficios de adhesión voluntaria, auditados y aprobados por unanimidad en las asambleas.

Con los dos expedientes abiertos, la disputa por el padrón, la renovación de autoridades y las cuentas de la AMT sigue su curso en la Justicia.