La interna que destrabó la reforma de salud mental: quién firmó y por qué

El Senado dio este miércoles un paso decisivo para que la reforma de la ley de salud mental llegue al recinto. Un dictamen de minoría firmado por tres senadores peronistas críticos al kirchnerismo fue la llave que permitió destrabar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió en abril.

La iniciativa oficialista había quedado empantanada la semana pasada, cuando no logró reunir la mayoría necesaria en las comisiones de Salud y de Legislación General. Este miércoles, con las firmas de Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), del bloque Convicción Federal, se alcanzó el pronunciamiento de más de la mitad de los miembros de ambas comisiones.

Eso le permitió al oficialismo llevar al recinto el despacho de mayoría que había acordado con sectores de la oposición dialoguista. Sin embargo, la bancada que preside Patricia Bullrich (Capital) todavía no tiene asegurados los votos para imponer su postura.

Quiénes firmaron y qué cambia

La presentación del dictamen de minoría no solo destrabó el trámite: también dejó en evidencia las diferencias entre los peronistas escindidos y el oficialismo. El texto de mayoría, que ahora competirá con el de minoría en el recinto, contempla varias modificaciones al proyecto original enviado por la Casa Rosada el 20 de abril.

Entre los cambios más relevantes, se elimina la posibilidad de volver a crear instituciones especializadas para la internación de casos psiquiátricos, una medida que proponía el texto oficial. Además, la cobertura de la ley se extiende a todas las adicciones, no solo a las vinculadas con el consumo de estupefacientes.

El dictamen de mayoría también habilita las internaciones involuntarias cuando el paciente no esté en condiciones de tomar esa decisión, aunque deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo perentorio. Y mantiene la prohibición de los manicomios establecida por la ley sancionada en 2010, un punto que senadores de distintos bloques y ministros provinciales del Consejo Federal de Salud (Cofesa) reclamaron conservar.

Flexibilización y teleconsulta

Uno de los aspectos centrales del despacho de mayoría es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica. La evaluación para una internación podrá ser realizada por un médico psiquiatra o por un profesional con formación en salud mental, junto con un segundo firmante, preferentemente un psicólogo.

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo tanto para la evaluación como para el alta del paciente.

Como parte de la negociación, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. El Estado nacional quedará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera para la aplicación de la norma.

Para las internaciones de urgencia dispuestas por un solo médico ante un riesgo grave, se fija un plazo de revalidación: la confirmación interdisciplinaria deberá realizarse dentro de las 48 horas.

Las diferencias que persisten

El dictamen de minoría plantea cambios en varios de estos puntos. Por un lado, mantiene el proceso de revalidación de la internación en un plazo perentorio de 24 horas, más corto que el oficialista.

También difiere en la integración del equipo evaluador: mientras el oficialismo requiere dos profesionales de distintas disciplinas, la minoría establece que al menos uno de los evaluadores debe ser psicólogo o médico psiquiatra.

En materia de financiamiento, los senadores peronistas incorporan un esquema más rígido que garantiza la asistencia técnica, económica y financiera a las provincias. Además, exigen la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental a cinco años con metas cuantificables y obligan al Ministerio de Salud a enviar al Congreso un informe anual detallado sobre la ejecución presupuestaria del sector.

El texto de minoría también incluye un artículo con acciones específicas para niños y adolescentes, centradas en la prevención del suicidio, de adicciones y en el uso responsable de redes sociales. Y reconoce el derecho explícito al acompañamiento terapéutico post-internación para la reinserción social y laboral.

Por último, prohíbe de forma expresa que la falta de vivienda o las problemáticas exclusivamente sociales y de pobreza justifiquen la indicación o prolongación de una internación, y responsabiliza al Estado de proveer dispositivos habitacionales y de apoyo.

Con el dictamen emitido, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en la próxima sesión del Senado, donde el oficialismo deberá sumar apoyos para imponer su versión.