La jueza admitió su error en la causa del Acueducto y dio marcha atrás con todo
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La jueza admitió su error en la causa del Acueducto y dio marcha atrás con todo

La causa del Acueducto Gran Tulum quedó patas para arriba después de que la jueza reconociera que se salteó un paso clave del trámite. Ahora la pelota pasó a otro tribunal y la definición sobre el futuro del expediente quedó en suspenso.

La jueza Mónica Lucero reconoció que no cumplió con el trámite legal de una recusación y anuló los actos cumplidos desde el 13 de octubre en la causa del Acueducto Gran Tulum. La resolución, conocida el martes por la siesta, cayó como una bomba en Tribunales y dejó el expediente en suspenso.

El fallo hizo lugar al planteo de las defensas y declaró la nulidad de las actuaciones posteriores a esa fecha. Además, ordenó enviar al Tribunal de Impugnaciones una recusación que la propia magistrada había rechazado, con lo que el futuro de la causa quedó atado a lo que decida ese órgano.

Quiénes impulsaron el planteo

El pedido lo formularon los abogados Juan Pablo Ortega y Nasser Uzair, defensores de Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, los ex presidentes de OSSE. Para entender la decisión de Lucero hay que remontarse al 13 de octubre, cuando la jueza rechazó una segunda recusación presentada en su contra por los imputados.

Los acusados habían invocado denuncias contra la magistrada para cuestionar su imparcialidad y pedir que se apartara. La formalización de la investigación, en tanto, se había concretado el 14 de octubre, un día después de ese rechazo.

Según la defensa, Lucero no tenía competencia para resolver de manera definitiva la recusación: sostuvo que debía intervenir el tribunal superior, conforme a los artículos 70, inciso 3, y 100 del Código Procesal Penal. Los abogados argumentaron que al rechazar el planteo sin darle intervención al órgano revisor se habían vulnerado el procedimiento legal y garantías como el juez natural, la imparcialidad judicial, el debido proceso y la defensa en juicio.

La distinción que hizo la jueza

Al analizar la presentación, Lucero trazó una diferencia. El artículo 100 prevé una primera intervención del juez recusado, que debe pronunciarse sobre la admisión o el rechazo del pedido. Pero también dispone que, si no acepta apartarse, debe remitir el escrito y lo resuelto al juez con funciones de revisión.

En ese punto, la magistrada terminó dándole la razón a las defensas. "No se cumplió la posterior remisión del escrito de recusación y de lo resuelto al órgano jurisdiccional con funciones de revisión", admitió en su resolución.

De ese modo, descartó que su intervención inicial hubiera sido ilegítima, pero reconoció que el trámite quedó incompleto porque no envió las actuaciones al Tribunal de Impugnaciones, que debía tener la última palabra sobre el planteo.

Por qué rechazó la recusación

La resolución también repasa los argumentos que la jueza había usado para rechazar la segunda recusación. En ese aspecto mantuvo su postura: la sola presentación de denuncias en su contra no justificaba automáticamente su apartamiento.

Para sostenerlo se apoyó en el artículo 96, inciso 8, del Código Procesal Penal, que contempla como causal de excusación, entre otros supuestos, que un juez haya sido denunciado o acusado por alguno de los interesados.

Lucero puso el foco en una cuestión temporal: las denuncias invocadas por los recusantes fueron posteriores a su intervención en el legajo. Explicó que el inicio del procedimiento no debía identificarse solo con la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, ya que ella había actuado antes, en la etapa de investigación previa, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal.

Para respaldar esa lectura mencionó el artículo 72, inciso 1, que regula la competencia de los jueces con funciones de garantías y contempla la intervención del magistrado que hubiera prevenido. También destacó que el último párrafo del artículo 96 le reconoce al juez, bajo su exclusivo criterio, la posibilidad de no apartarse ante la causal del inciso 8, aunque debe informar a los intervinientes.

Con esos argumentos sostuvo que las denuncias no demostraban por sí solas una afectación objetiva de su independencia o imparcialidad. Y advirtió que aceptar que cualquier denuncia presentada durante una investigación provoque automáticamente el desplazamiento de un magistrado permitiría que las partes alteraran sucesivamente la intervención de los jueces legalmente competentes, en perjuicio de la garantía del juez natural.

Cómo buscó corregir la omisión

Esa postura sobre los motivos de la recusación no la eximía, sin embargo, de cumplir con el trámite posterior que fija el artículo 100. Para corregir la omisión, Lucero recurrió al artículo 220 del Código Procesal Penal, que contempla mecanismos para sanear defectos procesales y restablecer el procedimiento legalmente establecido.

Consideró que la falta debía subsanarse cumpliendo el acto que había quedado pendiente: la remisión de la recusación al Tribunal de Impugnación. No obstante, entendió que esa irregularidad no demostraba necesariamente un defecto absoluto e insubsanable que obligara a invalidar toda la investigación.

En esa línea, distinguió entre la falta de intervención del órgano revisor en el trámite de la recusación y la competencia que ella tenía para intervenir en la investigación penal. También rechazó que la situación configurara automáticamente una falta de acción que impidiera continuar con la persecución penal.

Qué dice la parte resolutiva

En concreto, Lucero hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento planteada por Ortega y Uzair y, de manera parcial, al planteo de nulidad. Declaró nulos los actos cumplidos a partir del 13 de octubre de 2026, en los términos y con el alcance pretendidos por la defensa.

Además, ordenó la remisión inmediata a Impugnación del escrito de recusación, de la resolución dictada en octubre y de los antecedentes pertinentes. También dispuso que se pusiera en conocimiento de lo actuado al juez que eventualmente deba reemplazarla.

El próximo paso determinante será la intervención del Tribunal de Impugnación, que deberá analizar la recusación que Lucero rechazó y resolver si corresponde o no apartarla de la causa.

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