La jueza chaqueña que aplica la nueva ley penal juvenil reveló dónde terminan los chicos de 14 y 15 años

La puesta en vigencia de la Ley Nacional 27801 cambió de raíz el modo en que la Justicia chaqueña trata a los adolescentes que cometen delitos. La magistrada Vilma Almirón explicó en diálogo con Ciudad TV cómo se aplica la norma en la provincia y cuál es el dispositivo que aloja a los menores de edad cuando la causa es grave.

«Venimos preparándonos para recibir la implementación de la nueva Ley desde principios de año», aseguró la jueza, y detalló que desde el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) organizaron una capacitación interna para toda la provincia, con invitación a los distintos Poderes Judiciales del país a través de Jujefus, la Junta Federal de Cortes.

Qué cambia con la nueva ley

Almirón recordó que en Chaco rige además una ley de procedimiento propia, la 2951-N, que guía el proceso de los adolescentes. «Esta es una ley procedimental. Es una facultad delegada en las provincias y que nosotros tenemos la facultad de aplicarla sí o sí y que tiene que convivir con la Ley Nacional, la ley de fondo, la 27801», precisó.

El cambio más trascendente, según la magistrada, es la baja de la edad de imputabilidad. «Desde ahora ingresan al sistema, al fuero Penal Juvenil, causas con adolescentes de 14 y 15 años y todos los delitos. Porque antes también los delitos leves eran inimputables, por más que tuvieran 16 o 17 años, pero eran imputables en caso de lesiones leves, en caso de hurto», explicó.

¿Puede un adolescente de 14 años quedar detenido?

Consultada sobre ese punto, la jueza respondió que «obviamente depende la gravedad del delito». Para delitos leves como hurto o amenazas se trabaja con medidas de competencia penal previstas en la ley procesal local, con orientación y protección o libertad vigilada. Pero existe además la medida de alojamiento, la más gravosa, que puede aplicarse cuando ingresa una causa con un adolescente de 14 o 15 años por un hecho grave, como robo a mano armada, lesiones gravísimas o un homicidio.

Almirón insistió en que esa posibilidad ya estaba prevista en la ley local. «Como Poder Judicial tuvimos una reunión entre todos los jueces de la provincia, los 18 penales juveniles que tenemos con esa competencia, donde entendemos en este criterio de decir que los delitos más graves son los pasibles de ser aplicada esta medida que es la más rigurosa», señaló. Esa medida implica la privación de la libertad y el alojamiento en Aldea Tres Horquetas, el dispositivo con el que cuenta la provincia para menores de edad.

Cómo funciona el lugar de alojamiento

La magistrada aseguró que la Aldea funciona plenamente desde antes de la puesta en marcha de la Ley 27801. La dependencia está a cargo de la Subsecretaría de Niñez a través de la Dirección de Protección de Derechos, en la órbita del Ejecutivo por medio del Ministerio de Desarrollo Humano.

«Trabajan allí operadores convivenciales y existe un equipo técnico con psicóloga, psicopedagoga, con trabajadores sociales, mientras que el perímetro de la Aldea está a cargo el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Pero el contacto con los adolescentes lo tienen los operadores convivenciales y el equipo técnico», describió. Dentro del mismo espacio funciona la educación en contexto de encierro: los adolescentes alojados que estén en primaria o secundaria reciben su educación formal.

Respecto del nuevo proceso penal, Almirón adelantó que seguirán trabajando de acuerdo a la gravedad del delito o el daño causado. «Esta posibilidad que abre la ley, la verdad, tiene sus pro y sus contras. Como toda ley es perfectible, pero a nosotros como operadores judiciales nos toca aplicarla, y sin perjuicio a esto, por encima de una ley de fondo como esta, está la Constitución y las Convenciones y tratados de Derechos Humanos que forman parte de la misma», resaltó.