La jueza desarmó la causa Viento Sur y dejó a un solo acusado rumbo al juicio

El Ministerio Público Fiscal impugnará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso, que desactivó la acusación en la causa Viento Sur por el presunto desvío de más de $1.200 millones de fondos públicos entre 2022 y 2023. El fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmó que apelará tras la audiencia de control de acusación realizada en la Ciudad Judicial.

La magistrada resolvió el sobreseimiento total y definitivo de los exministros de Desarrollo Social y Trabajo Abel Di Luca y Germán Chapino, a quienes el MPF les atribuía administración fraudulenta como coautores. Pero el golpe para la fiscalía fue mayor: de las ocho personas imputadas, siete quedaron desvinculadas. Solo D.M., señalada como integrante de la cooperativa Viento Sur, enfrentará un juicio oral ante un tribunal colegiado por administración fraudulenta en calidad de autora.

Qué decidió la jueza con los otros cinco imputados

Para otras cinco personas, Pelosso optó por una salida distinta: les concedió una suspensión de juicio a prueba (SJP), una herramienta reservada para delitos con penas menores a tres años y para quienes no registran antecedentes penales.

La medida alcanzó a S.E.B. y L.L.V., imputados como coautores, y a B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S., acusados como partícipes necesarios. Durante un año y medio deberán cumplir una serie de pautas, entre ellas 8 horas mensuales de trabajo comunitario y donaciones económicas de 2 y 3 millones de pesos para M.G.S. y F.G.S., respectivamente.

El cruce que caldeó la audiencia

El malestar del MPF no pasó solo por el fondo de la decisión. Según trascendió, la jueza sostuvo durante la audiencia que la imputación «hace agua, se resquebraja» y calificó el planteo fiscal como una «gran bolsa de gatos».

Vignaroli contestó con dureza: «Los fundamentos son pobres, no son jurídicos», afirmó, y consideró la expresión «irrespetuosa». Además sostuvo que la audiencia «se desnaturalizó» y que se hizo «un juicio por adelantado sin la prueba», una valoración que, remarcó, le corresponde al debate oral.

El recurso que viene y la teoría del caso

El fiscal jefe anticipó que presentará la impugnación en los próximos días, dentro del plazo de diez. La intención es que un Tribunal de Impugnación revise y anule la resolución por arbitrariedad, de modo que el caso llegue a juicio ante un tribunal colegiado.

El equipo del MPF —integrado por Vignaroli, la fiscal Rocío Rivero y los asistentes letrados Facundo Bernat y Agustina Jara— había pedido el juzgamiento de las ocho personas, con el respaldo de la Fiscalía de Estado, organismo que presentó la denuncia.

Según esa teoría, la maniobra configuró administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con un perjuicio económico estimado a valor histórico en $1.208.657.600.

«Vamos a probar durante el juicio que ese dinero fue destinado al pago de sueldos a más de 1.000 personas, sin respaldo contractual ni vinculación alguna», sostuvo Vignaroli al presentar la acusación.

Para el MPF, Di Luca y Chapino habrían omitido sus deberes al autorizar desembolsos mensuales sin verificar controles previos obligatorios, como planes de acción, padrones verificables de beneficiarios y acreditación efectiva de capacitaciones. También habrían ignorado dictámenes desfavorables de la Contaduría General de la Provincia.

A D.M., S.E.B. y L.L.V., integrantes de la cooperativa Viento Sur, la fiscalía les reprochó haber solicitado, recibido y administrado los fondos con conocimiento de su destino. Habrían presentado rendiciones con comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, además de duplicación de gastos y omisiones deliberadas para sostener los desembolsos.

A B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S. se los acusó de recibir fondos sin contraprestación alguna, integrando el esquema que habría permitido consumar el perjuicio.

Ahora el Tribunal de Impugnación deberá definir si la decisión de Pelosso se mantiene o se anula. Hasta el momento, no se difundió la postura de las defensas.