La jueza dijo "es una bolsa de gatos" y el tribunal le bajó el martillo: vuelven los exministros
Un decreto refrendado, una jueza que habló de "bolsa de gatos" y una acusación que quedó reducida a un solo nombre. El tribunal anuló todo lo actuado y ahora la causa Viento Sur vuelve a la casilla de salida: quiénes quedan otra vez en la mira.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló la audiencia de control de acusación de la causa Viento Sur y ordenó que se haga de nuevo, ante otro juez de garantías. La resolución deja sin efecto lo actuado el 5 de octubre por la jueza Natalia Pelosso, que había dejado afuera del proceso a los exfuncionarios de la gestión de Omar Gutiérrez y había enviado a juicio solo al referente de la cooperativa.
La causa investiga un presunto desvío de fondos de Desarrollo Social a cooperativas de trabajo durante la gestión de Gutiérrez. Con la nulidad, el expediente vuelve a foja cero en la etapa intermedia y los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, que habían quedado sobreseídos, vuelven a quedar alcanzados por la acusación fiscal.
Quiénes pidieron la nulidad y por qué
La declaración de nulidad surgió de un planteo de la fiscal del caso Rocío Rivero y del fiscal jefe Pablo Vignaroli. Para el Ministerio Público Fiscal, la magistrada se excedió en los límites que el Código Procesal Penal fija para esa instancia.
Los fiscales cuestionaron un paquete de resoluciones de Pelosso: la declaración parcial de nulidad del requerimiento fiscal, el sobreseimiento de Di Luca y Chapino, la modificación de calificaciones y grados de participación de otros imputados, la concesión de suspensiones de juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía y la exclusión de una testigo que consideraban clave para reconstruir el funcionamiento interno de la cooperativa Viento Sur.
Ante el Tribunal, Rivero sostuvo que esas decisiones generaron un daño imposible de reparar después y que afectaron la autonomía de la Fiscalía y la continuidad del proceso tal como había arrancado.
La audiencia que quedó sin efecto
En aquella jornada del 5 de octubre, Pelosso fue dura con la acusación fiscal. "Es una bolsa de gatos", dijo al describir cómo se había armado el requerimiento. Planteó que el dinero había terminado en los bolsillos de los más humildes y que nadie se había enriquecido con la supuesta maniobra.
La jueza también afirmó que no hubo connivencia entre la cooperativa y los funcionarios públicos. Explicó que los exministros solo refrendaron el decreto 1672/22 que creaba el programa de capacitación, pero que la voluntad política era del gobernador. Gutiérrez nunca fue imputado y, según consigna el expediente, hasta la propia fiscalía consideró que no tenía pruebas para hacerlo.
Con esa resolución, la causa quedó reducida a su mínima expresión: afuera los exministros, sobreseimientos parciales para varios imputados, suspensiones de juicio a prueba para otros y un solo nombre en el banquillo, Mauro, señalado como referente de la cooperativa.
El argumento de la Fiscalía
Vignaroli explicó que el Código Procesal Penal limita la audiencia de control de acusación a discutir la admisibilidad y legalidad de la prueba, y no a resolver cuestiones que corresponden al juicio. En esa línea, cuestionó que la jueza tomara como base las explicaciones de las defensas y los elementos exhibidos durante la audiencia para concluir que la acusación no tenía sustento suficiente.
También objetó que Pelosso descartara la coautoría y la participación necesaria planteadas por el MPF y que, a partir de esas modificaciones, concediera suspensiones de juicio a prueba cuando la fiscalía las había rechazado por la gravedad de los hechos investigados: una maniobra de presunta corrupción con perjuicio económico para el Estado.
El otro agravio fue la exclusión de una testigo central para la teoría del caso. Según Vignaroli, su declaración era relevante para reconstruir cómo se administraba la cooperativa y quiénes tenían poder de decisión. Sostuvo que la jueza impidió que esa información llegara al juicio y que, en esas condiciones, la fiscalía no contaría con los elementos necesarios para acreditar la participación del único imputado que había habilitado.
La impugnación contó con el respaldo de la Fiscalía de Estado, representada por el querellante institucional Gustavo Kohon.
Cómo votó el Tribunal de Impugnación
La jueza Estefanía Sauli fundamentó el voto mayoritario y habló de "un exceso en las facultades" previstas para la instancia. Señaló que la magistrada valoró evidencia controvertida, modificó los grados de participación de los imputados y tomó decisiones que exigían un debate propio del juicio, con inmediación y contradicción entre las partes.
El juez Federico Sommer adhirió a ese criterio y coincidió con Vignaroli: la actividad de la jueza durante la audiencia excedió los límites del Código Procesal Penal y anticipó valoraciones sobre el mérito de la acusación que le correspondían a un tribunal de juicio.
En disidencia, el juez Richard Trincheri votó por confirmar la resolución de Pelosso. Argumentó que la jueza no actuó de oficio sino a partir de planteos de las defensas, y que las cuestiones de autoría, participación y suficiencia de la acusación podían analizarse en la etapa intermedia.
Con la mayoría, el Tribunal declaró la nulidad de la resolución del 5 de octubre y la extendió a las audiencias previas. Además, ordenó reenviar el legajo a la Oficina Judicial para que designe a otro juez o jueza de garantías y se realice una nueva audiencia de control de acusación.