La jueza que cambió la Justicia penal de Corrientes deja el cargo tras 32 años
Después de 32 años en el Poder Judicial y casi 23 como jueza, Gabriela Aromí deja el Juzgado de Garantías N° 1 de Corrientes. Fue una de las protagonistas de la reforma que cambió para siempre la Justicia penal de la provincia, pero ella misma advierte que todavía quedan cuentas pendientes.
La jueza de Garantías N° 1 de Corrientes, Gabriela María Alejandra Aromí, se jubilará en octubre después de 32 años en el Poder Judicial y casi 23 como magistrada. Referente en Derecho Procesal Penal, fue una de las protagonistas del proceso que llevó a la provincia desde un sistema mixto hacia un modelo acusatorio y oral.
Su carrera empezó como prosecretaria en la entonces Cámara Criminal N° 1, que tenía competencia de apelación, juicio y ejecución penal. Allí arrancó junto a Rita Mill, su profesora en la Facultad de Derecho y una de sus grandes maestras. En paralelo, construyó una extensa actividad académica en la cátedra de Derecho Procesal Penal: fue jefa de Trabajos Prácticos, profesora adjunta y finalmente titular de Derecho Procesal Penal y de Litigación Penal Oral.
Tras varios concursos, hace casi 23 años asumió como jueza en el hoy Juzgado de Garantías N° 1. Desde ese lugar incorporó tempranamente herramientas como la oralidad, la justicia restaurativa, la atención a las víctimas y, más tarde, la mediación penal.
El camino de la reforma
El trabajo por la transformación del proceso penal comenzó en 1999, en medio de una profunda crisis provincial. En 2004 se presentó el primer proyecto de reforma integral, elaborado con docentes de la Facultad de Derecho y miembros del INECIP, institución cuya Junta Nacional Aromí también integra. Ese año, el Superior Tribunal de Justicia abrió sus puertas al proyecto y lo presentó formalmente.
—La reforma implicó un cambio de paradigma. No se trataba solamente de cambiar una norma, sino de transformar la manera de administrar Justicia —explicó la jueza. El sistema acusatorio oral, sostuvo, permite consolidar las audiencias orales, dar mayor participación a víctimas e imputados y utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos. —La oralidad aporta transparencia y permite procesos mucho más rápidos y cercanos a la comunidad.
Para Aromí, sancionar un nuevo Código Procesal Penal no alcanzaba: —El cambio de normas era un paso necesario, una ley cambia la realidad. La implementación exigía estructuras diferentes y, especialmente, capacitación. Por eso, incluso antes de contar con el nuevo Código, comenzamos a formar a estudiantes y profesionales para desenvolverse en un sistema acusatorio y oral.
En ese sentido, la Universidad fue clave. Desde la Facultad de Derecho se trabajó durante años para preparar profesionales capaces de actuar en el nuevo sistema, aun antes de que Corrientes tuviera la legislación necesaria. Ese camino derivó en la elaboración del Código Procesal Penal modelo para el NEA y en el desarrollo de la enseñanza de litigación oral. Muchos de aquellos estudiantes hoy son jueces, fiscales y defensores, y se consolidaron clubes de litigación en las provincias del Nordeste.
Docencia, capacitación y un cambio de época
La jueza combinó la magistratura con la docencia durante casi toda su carrera. —La docencia es una inversión de tiempo, porque te obliga a estar capacitada en forma permanente. Esa formación se vuelca en beneficio de la mejora del sistema de justicia —aseguró.
También fue instructora de la Primera Escuela Judicial y participó de instancias de formación vinculadas con la mediación. Antes de la virtualidad, capacitar implicaba trasladarse personalmente a localidades como Santo Tomé o Paso de los Libres para acercar la formación a los operadores judiciales del interior. La pandemia modificó esa dinámica y aceleró la incorporación de herramientas tecnológicas. Es parte de una transformación que Aromí observó desde sus comienzos, cuando se trabajaba con máquinas de escribir, hasta la informatización y las actuales audiencias orales.
—La reforma del Código Procesal Penal es algo enorme. Hoy no dimensionamos todavía, pero Corrientes hizo un cambio de paradigma. En lo personal, para mí fue un privilegio poder ser jueza de este sistema acusatorio con el que soñamos tanto tiempo —dijo.
Para la magistrada, el cambio también se nota en la atención a la gente: —Cuando encuentran en el sistema de justicia una mirada humana, un defensor que escucha al imputado, un fiscal que atiende a las víctimas, cuando van a una audiencia y el juez puede explicarles de forma clara lo que está pasando, entonces esto mejora la calidad del servicio de justicia.
Mediación, justicia restaurativa y un dolor personal
Desde el Juzgado Correccional, Aromí comenzó tempranamente a incorporar la oralidad en las audiencias vinculadas a la suspensión del juicio a prueba y avanzó en experiencias de justicia restaurativa y atención a víctimas. También trabajó en la conformación de redes con instituciones para brindar contención, particularmente en situaciones de violencia de género. Luego impulsó modificaciones normativas que permitieron incorporar la mediación penal en Corrientes y, una vez implementada, se desempeñó como capacitadora del Centro Judicial de Mediación recorriendo distintos puntos de la provincia.
En ese recorrido hubo un momento profundamente personal: la partida de su hijo Maxi, ocurrida mientras se preparaban las capacitaciones para la implementación del nuevo sistema procesal penal. —Aun con el corazón destruido, entendí que también tenía un compromiso con el sistema del Servicio de Justicia y que tenía que poder aprender a vivir con esto. Maxi fue un gran maestro. Esa experiencia me llevó a volver más a lo esencial, a ir liberando mochilas y a construir también desde el dolor a la persona que soy hoy —recordó.
De ese proceso surgió su participación en Renacer, que la vinculó con otros padres que atravesaron la pérdida de un hijo. —Es un servicio que es un homenaje, es un homenaje a Maxi —afirmó. La experiencia de su hijo, que convivió toda su vida con una enfermedad y requirió distintos acompañamientos, también la acercó a la realidad de las personas con discapacidad y a las dificultades de muchas familias que no disponen de los mismos recursos para garantizar atención, educación y acompañamiento.
Los desafíos pendientes
De cara al futuro del sistema penal, la jueza consideró necesario fortalecer el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. También mencionó desafíos pendientes como la implementación del sistema penal juvenil y el juicio por jurados, previsto tanto en el Código Procesal Penal provincial como en las constituciones Nacional y Provincial. —Son sueños y transformaciones que todavía quedan por concretar —señaló.
La jubilación, aclaró, no significa cerrar definitivamente su vínculo con la Justicia. —Renuncio al cargo de jueza, pero no a los sueños de seguir contribuyendo desde los conocimientos y la experiencia adquirida en todos estos años para la mejora del Poder Judicial y del sistema de justicia penal. Voy a estar siempre al servicio de la justicia y, al dejar la función de jueza, tendré más tiempo para trabajar en todas las capacitaciones en las que pueda ser de utilidad.
Al resumir sus 32 años de carrera, eligió una frase: —Siempre con el corazón en el servicio de justicia, que es el servicio que elegí.



