La interna en la Asociación de Magistrados ya tiene nombre y apellido, y la respuesta de su presidenta deja abierta una pregunta incómoda sobre quién gana con el desgaste. Lo que dijo sobre las denuncias por gastos y su futuro en la Justicia.
La presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), Claudia Ruiz, salió a responder por primera vez las denuncias internas que sacuden a la entidad y dejó una definición que retrata el momento: "Esto nos debilita como Poder Judicial". Lo hizo en una entrevista con el periodista Carlos Cazón, tras regresar de una licencia médica por una operación en las cuerdas vocales.
La magistrada no esquivó la incomodidad. Consultado sobre la pelea entre jueces que se ventila en público, reconoció: "Esto que vos decís es bochornoso, es bochornoso, pero también te quiero decir que no hemos hecho nada para contribuir a ese bochorno; es la primera vez que hablo, nunca hablé con ningún medio ni en off ni en on".
"Nunca se vivió algo así"
Ruiz calificó el clima institucional como algo sin precedentes. "A lo largo de los años de la Asociación nunca se ha vivido una situación de estas características; el minuto a minuto me tiene totalmente impactada", sostuvo.
Para la titular de la AMT, la seguidilla de presentaciones judiciales no responde solo a diferencias administrativas. La enmarcó en una maniobra política destinada a posicionar candidaturas de cara a la renovación de autoridades prevista para diciembre, que finalmente quedó frenada por la Cámara Civil. "Hoy a la vista ya te diría que era también, de alguna manera, preparar un terreno electoral", afirmó, según consigna La Gaceta.
El fondo del conflicto, según su lectura, es el rechazo de un sector tradicional a la reforma estatutaria que incorporó a los funcionarios con plenos derechos. "A veces la inclusión molesta", disparó.
El interrogante que dejó picando
Ruiz advirtió que el desgaste de la asociación no es un problema abstracto: afecta directamente a cada juez que necesite respaldo. "Una asociación débil implica que cuando un juez concreto tiene un problema, no tiene quién lo defienda; las asociaciones fuertes garantizan la independencia del Poder Judicial. ¿Quién tendría interés en que sea débil? Eso tendrían que averiguar", planteó.
Sobre su relación con la camarista Malvina Seguí, impulsora del amparo electoral, aseguró que es buena. En cambio, evitó confirmar si buscará un nuevo mandato: dijo que hoy su prioridad es su salud.
Café, prepaga y una asamblea impugnada
La jueza respondió uno por uno los cuestionamientos que el juez penal Gonzalo Ortega viene haciendo sobre las erogaciones de 2024, y también la demanda de nulidad de asamblea que presentó la jueza Ana María Iacono por los números de 2025.
Respecto del pago anual de $22,7 millones en café y comestibles, explicó que se trata de un servicio libre que brindan tres máquinas automáticas en las sedes judiciales: "Se consumen mensualmente promedio 2.000 tazas de café, el costo de cada café hoy es de $1.133. Son $2 millones por mes, y para la cantidad de café que se consume y la cantidad de asociados es absolutamente nada".
Sobre las partidas de medicina prepaga, como Swiss Medical u OSDE, negó de plano que representen un gasto de la entidad: "Nosotros gestionamos convenios; el que quiere firma un consentimiento de descuento por esa tarifa. ¿Cómo lo va a pagar la asociación? Se les descuenta a ellos por planilla, no es un gasto de la entidad porque no tendríamos esa cantidad de plata".
En cuanto a la asamblea del 23 de abril que Iacono impugnó alegando que se aprobó a "libro cerrado" y sin exhibir comprobantes, desmintió que se haya ocultado documentación y apuntó contra la ausencia de la denunciante: "Todas las notas fueron contestadas; ella habló un montón de veces con nosotros, fue a la mañana y sacó fotos del balance. A la tarde hubo una asamblea con más de 170 personas donde una escribana tomó lista uno por uno con documento y la doctora Iacono no se presentó, cuando era la oportunidad asociativa de concurrir".
¿La interna busca frenarla?
En la entrevista le preguntaron de forma directa si el conflicto apunta a bloquear su nombre, que suena para reemplazar al vocal Antonio Estofán ante una eventual jubilación. Ruiz no lo descartó, aunque se corrió del centro: "Soy una persona muy creyente y creo que Dios te pone en el lugar donde quiere y donde te necesita (...). No es una decisión que para nada dependa de mí, es una decisión de quien debe tomarla, que es el Poder Ejecutivo".
En ese marco destacó su currículum y su buena relación institucional con el gobernador Osvaldo Jaldo, con quien incluso litigó en su momento por la ley de jury.
