La jueza que condenó a la Argentina por US$16.000 millones firmó su último fallo y dio vuelta todo

Loretta Preska habría cerrado su etapa al frente del juicio por la expropiación de YPF con una resolución que anula su propia sentencia de 2023 y deja sin efecto la condena contra el Estado argentino por más de US$16.000 millones. La magistrada federal de Nueva York habría acatado así el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo había revocado esa condena.

Con ese movimiento, el expediente en primera instancia quedaría formalmente clausurado en favor de la Argentina. El trámite, sin embargo, no representa el punto final del litigio.

Qué dice el decreto que firmó Preska

El documento lleva la firma de la jueza y se conoce como amended final judgement, o sentencia definitiva modificada. Su función es incorporar al expediente de primera instancia la resolución que ya había dictado el tribunal superior y, de ese modo, oficializar el cierre en ese juzgado.

Los demandantes pretendían estirar esa definición hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el caso. Según el texto, Preska habría rechazado esa posibilidad y no habría dejado abierta la chance de mantener viva la causa en su instancia.

La jueza, nombrada en 1992 por el presidente George H. W. Bush, estuvo al frente del expediente durante casi una década.

Ahora la pelota queda en la Corte Suprema

El próximo paso depende de la Scotus, siglas en inglés del máximo tribunal estadounidense. La Corte deberá definir si toma el caso luego del recurso que presentó el fondo Burford Capital para que se revise el fallo de la Cámara de Apelaciones.

Burford litiga en representación de los derechos de las empresas Petersen Energía, Petersen Inversora y la firma Eton Park.

El origen: la expropiación de 2012

La causa se remonta a 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández impulsó la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que hasta ese momento pertenecían al grupo español Repsol.

El núcleo del conflicto legal posterior estuvo en que el Gobierno omitió el estatuto de la compañía. Esa norma obligaba a cualquier comprador que tomara el control de la firma a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al resto de los accionistas minoritarios.

Más tarde, el Estado nacional tomó las acciones de Repsol, con Axel Kicillof —por entonces viceministro de Economía— argumentando la soberanía hidrocarburífera del país. Una vez con YPF bajo control estatal, se prohibió el giro y reparto de dividendos.

Esa decisión asfixió financieramente a los accionistas minoritarios locales del Grupo Petersen, representado por la familia Eskenazi, que poseía el 25% y pagaba los créditos de su compra con esos dividendos. El grupo terminó en quiebra en España.

Repsol acordó, los fondos fueron a juicio

A diferencia de los otros damnificados, en 2014 Repsol cerró un acuerdo con la Argentina a través de una indemnización de US$5.000 millones en bonos soberanos.

Desde 2015 se abrió un nuevo frente de batalla con los popularmente conocidos "fondos buitre". En abril de ese año, Burford Capital demandó al Estado argentino ante los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York, con un reclamo basado en el incumplimiento del estatuto corporativo que protegía a los actores minoritarios en la Bolsa de Wall Street.

La demanda dio inicio a un expediente que, casi diez años después, Preska habría decidido cerrar en su instancia.