La jueza que dejó a Camissasa al borde del abismo: qué bienes quedaron bajo la lupa

La jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, dio un nuevo giro en la causa Contratos Truchos al respaldar parcialmente a su par de Garantías, Marina Barbagelata. La decisión mantiene el embargo sobre la mitad de los bienes que María Alejandra Camissasa comparte con su esposo, Jorge De Breuil, uno de los imputados.

La magistrada revocó los embargos preventivos sobre las cuentas bancarias de Camissasa, pero dejó intacta la medida sobre el 50% de los bienes adquiridos en cotitularidad con De Breuil. ¿El motivo? Existe evidencia que sugiere que esos bienes podrían haber sido comprados con fondos ilícitos.

¿Qué pasó con los planteos de la defensa?

Camissasa no será acusada penalmente por el Ministerio Público Fiscal ni demandada civilmente por la Fiscalía de Estado, pero su defensa apeló la resolución de Barbagelata.

El equipo legal argumentó que la jueza no había valorado todos sus planteos y denunció un supuesto sesgo de género. Castagno descartó esa teoría: las medidas cautelares no se tomaron por ser "la esposa de un imputado", sino por la existencia de pruebas vinculadas a los bienes alcanzados.

También se cuestionó la legitimidad del MPF para pedir embargos con fines de decomiso, señalando que correspondía a la Fiscalía de Estado. Pero la jueza consideró que esos agravios ya habían sido respondidos en etapas previas.

¿Qué bienes están bajo investigación?

Castagno aclaró que las medidas alcanzaron bienes e ingresos en cuentas bancarias relacionadas con los hechos, pero no los haberes jubilatorios de Camissasa. Además, reconoció que el Banco Central se excedió en el alcance de una medida bancaria, pero destacó que Barbagelata actuó "de inmediato" para corregirlo.

La inhibición general de bienes, dispuesta en mayo de 2019, cumplió con los requisitos legales y no fue arbitraria, según la magistrada.

La resolución no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los involucrados, sino que apunta a bienes que podrían ser decomisados si el juicio así lo determina.

La maniobra que investiga la justicia

La causa Contratos Truchos busca determinar la responsabilidad de funcionarios, exfuncionarios y particulares en una presunta sustracción de fondos públicos mediante contratos de locación de obra en las cámaras de Senadores y Diputados de Entre Ríos.

Según el MPF, los fondos ilegales habrían sido canalizados hacia inversiones inmobiliarias y ganaderas. Hay evidencia documental sobre la compra de cuatro propiedades en el fideicomiso PH Alsina, algunas en cotitularidad con otros imputados.

El caso sigue avanzando y la decisión de Castagno deja en claro que la justicia no se detiene ante los intentos de proteger bienes presuntamente manchados.