La jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil en PBA y el caso que la hizo dudar de su propia condena

La jueza Marta Pascual, la misma que esta semana suspendió por 60 días el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, confesó en un video de 2023 que hoy no condenaría a un joven que violó y mató a su hija recién nacida, a pesar de haber integrado el tribunal que lo sentenció a 25 años de prisión.

El impactante testimonio salió a la luz en una charla organizada por la Universidad de Lanús, en el marco de las prácticas preprofesionales de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. La actividad fue grabada y publicada en YouTube.

Durante el encuentro, Pascual relató el caso de un joven de Almirante Brown, el mismo municipio donde ella vive, que abusó sexualmente de su hija hasta causarle la muerte.

“Es un chico que abusó y violó de su hijita hasta que se murió. Ustedes no saben lo que era el cuerpo de esa chica. Ver las pericias era indignante”, contó la magistrada frente a los estudiantes.

Para dimensionar la gravedad del hecho, recordó las palabras de una médica del Hospital Meléndez que intervino en el caso: “Dijo que en todos sus años de pediatra no había visto nada tan terrible como esto”.

La conmoción del tribunal

La jueza también describió el impacto que el expediente generó en quienes debían juzgarlo. Según relató, la conmoción fue tal que incluso les costaba físicamente continuar con sus tareas: “Cuando nos parábamos, no podíamos caminar, íbamos contra la pared como que no teníamos fuerza”.

Pascual integró el tribunal que condenó al joven a 25 años de prisión. Sin embargo, en aquella charla admitió que consideraba que la pena había sido excesiva y que, con el tiempo, cambió de opinión sobre la decisión que había firmado.

“Yo hoy no se lo daría”, afirmó. Además, explicó que la sentencia fue revisada por instancias superiores, entre ellas la Cámara de Casación y tribunales de alzada, pero ninguna dispuso una reducción de la pena.

“Yo dije: con tantas revisiones me van a decir ‘Marta, se te fue la mano’. Todos nos confirmaron”, relató ante los estudiantes.

Pascual aclaró que su cuestionamiento no buscaba restarle gravedad al delito cometido, sino que reflejaba su concepción sobre las respuestas penales para los jóvenes. En ese sentido, sostuvo que no considera adecuado imponer penas de ese nivel incluso frente a hechos extremos: “Yo creo que no se puede dar a los jóvenes, aun ante el delito más aberrante, esa pena”.

En la misma charla, además, explicó su criterio al momento de establecer condenas para adolescentes: “De la provincia de Buenos Aires yo doy las penas más livianas”. Según detalló, suele inclinarse por medidas alternativas al encierro porque considera que la prisión no genera cambios reales en los jóvenes.

La suspensión del Régimen Penal Juvenil

Esa posición sobre el encierro también se vincula con la decisión que tomó recientemente sobre la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La normativa impulsada por el Gobierno nacional establece que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años y permite que adolescentes de esa franja sean sometidos a procesos judiciales por delitos contemplados en el Código Penal.

El lunes, Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. A partir de esa resolución, suspendió durante 60 días la aplicación del régimen en todo el territorio bonaerense.

La jueza aclaró que su decisión no se basó en un rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad. Según explicó, no está en desacuerdo con ese aspecto de la nueva normativa. El principal cuestionamiento apunta a las condiciones que tiene hoy la provincia para implementar el régimen y recibir a los adolescentes que eventualmente ingresen al sistema.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió en declaraciones a la Radio Now 97.9.

Durante los 60 días de suspensión, Pascual planteó que los distintos poderes del Estado deberán acordar cómo se llevará adelante el nuevo sistema: quién tendrá a su cargo la supervisión de cada adolescente, con qué recursos funcionarán los centros de detención y de qué manera se aplicarán las alternativas al encierro previstas por la propia legislación.