La jueza que frenó la ley penal juvenil ahora enfrenta un pedido de juicio político
La jueza Marta Pascual había frenado por 60 días la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. Ahora un grupo de madres de víctimas quiere que la saquen del cargo.
Un grupo de madres y familiares de víctimas de homicidios cometidos por menores de edad se concentró frente a los Tribunales de Menores de Lomas de Zamora para repudiar el hábeas corpus que la jueza Marta Pascual había concedido para postergar por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.
La medida finalmente fue revocada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, un fallo que las familias recibieron como un desahogo. «Es un alivio para las familias que lucharon tanto por esto», expresaron durante la protesta.
En diálogo con Diario Conurbano, Laura Fernández, madre de Lara Fernández —una joven de 17 años asesinada en 2022 en Parque Barón, Lomas de Zamora, durante un intento de robo por un menor de 15 años— habló en nombre del colectivo de madres y familiares víctimas de hechos de inseguridad cometidos por menores, y respaldó la decisión de la Cámara lomense.
«Nos parece perfecto el fallo. La Justicia actúa mal si piensa más en el delincuente que en la víctima. Ha sido un alivio para nosotros que luchamos tanto por esta Ley que, ya no nos va a dar Justicia a nosotros, pero sí va a ayudar a otras familias. Si un menor comete un hecho, tiene que ser juzgado como corresponde», remarcó Fernández.
El paso que evalúan las madres
Fernández adelantó que el colectivo debatirá avanzar con un pedido de juicio político contra la jueza Pascual por haber hecho lugar al hábeas corpus que suspendía la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
«Estamos en proceso de armar algo, vamos a presentar un escrito para que pueda ser elevado donde corresponda para avanzar con el pedido de juicio político contra la jueza. No se trata de algo contra Pascual, repudiamos todo tipo de fallo, de garantismo que beneficie a los delincuentes y no piense en las víctimas», concluyó.