La jueza que frenó la Ley Penal Juvenil enfrenta un pedido de juicio político

El Gobierno nacional ordenó a La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires que impulse el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora. La magistrada suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión que el oficialismo considera "un atentado contra una ley sancionada por el Congreso" y un golpe a la lucha contra la inseguridad.

Según pudo saber El Destape, el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, ya encabeza una mesa junto a sus equipos técnicos y políticos para definir el mecanismo que permita la destitución de Pascual, quien el lunes pasado hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

"Defendiendo al delincuente"

Las críticas del oficialismo no tardaron en llegar. Pareja, diputado nacional, fue contundente: "Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando". Y agregó: "Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. La crisis que atraviesa la Provincia en seguridad responde a ese modelo".

En la misma sintonía, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, sostuvo: "Esta decisión deja más que en claro de qué lado están: defendiendo al delincuente. La Justicia bonaerense lo único que logró es garantizar la impunidad. Los vecinos no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan al delincuente por encima de las personas de bien".

El titular del bloque de diputados provinciales, Juan Osaba, calificó el fallo como "inadmisible" y señaló que "un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por menores".

El respaldo del Gobierno nacional

El vocero presidencial, Adrián Ravier, también se pronunció: "Resulta inaceptable que, tras un constante incremento de los delitos cometidos por menores en territorio bonaerense, se siga postergando una herramienta indispensable para terminar con la impunidad, proteger a las familias honestas y garantizar un verdadero esquema de integración social. Instamos a que la provincia se sume plenamente al nuevo régimen".

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fue más breve pero igual de duro: "Es una barbaridad. Nos hace mucho daño a todos".

La defensa de la jueza

Pascual, quien durante el gobierno de Eduardo Duhalde fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia, salió a defender su decisión en una radio porteña. Aclaró que "no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años", pero insistió en que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados. "Con esta ley no vamos a crear más seguridad", afirmó.

La magistrada explicó que en sus fallos aplica la "justicia restaurativa", que apunta a "restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos". Y reclamó por mecanismos "con oficios, actividades adentro, terapia", porque si no están disponibles, "esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes".

El fallo de Pascual se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y modifica las condiciones para la aplicación de las penas. La magistrada puso el foco en la capacidad de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan encerrados.