La jueza tomó una decisión y todos terminaron tras las rejas: uno sigue escapado

El denominado Clan de la Viuda Negra quedó prácticamente desarticulado este lunes. La jueza Mónica Lucero, que subroga a Verónica Chicón, resolvió en una audiencia que los 10 imputados de la causa cumplan prisión preventiva por tres meses en el Penal de Chimbas. La medida alcanzó incluso a una hija y una nuera de Carina Fernanda Godoy, la supuesta jefa de la organización, que hasta ahora gozaban de arresto domiciliario por ser madres de niños pequeños.

El único que sigue sin ser detenido es el hijo mayor de Godoy, Jorge Matías Solar Godoy, señalado como prófugo en el expediente.

Qué pidió la Fiscalía y qué resolvió la jueza

Durante la audiencia, el fiscal Eduardo Gallastegui, junto a la ayudante fiscal Milena Berbari, solicitó seis meses de prisión preventiva para todos los acusados. Entre los argumentos que esgrimió mencionó riesgos procesales, la posibilidad de que los imputados entorpezcan la investigación y la necesidad de resguardar pruebas digitales y patrimoniales que todavía están pendientes de análisis.

La jueza Lucero optó por la mitad de ese plazo: tres meses para los diez imputados, que fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial. También ordenó que no se pueda realizar ninguna operación inmobiliaria con los seis o siete inmuebles que están en disputa en el legajo y dispuso la inhibición general de bienes de todos los acusados.

El entramado que investigan

Según la hipótesis fiscal, las víctimas —principalmente adultos mayores en situación de vulnerabilidad— habrían sido captadas a través de vínculos de confianza. Después, los acusados avanzaban sobre sus ahorros, gestionaban préstamos y realizaban operaciones que afectaban sus propiedades. Algunos de los damnificados, según el expediente, perdieron directamente sus casas.

Uno de los episodios que se expusieron involucra a José Antonio Rodríguez, esposo de Godoy. La Fiscalía le atribuye actos posesorios sobre inmuebles de presuntas víctimas. En diciembre de 2024, siempre según la acusación, habría solicitado personalmente el cambio de titularidad del servicio eléctrico de una vivienda que pertenecía al médico M.A. Correa, jubilado como cardiólogo, con diabetes y ciego por completo. Lo mismo habría hecho con una casa de otro damnificado, de apellido Vicentela.

En otro tramo de la audiencia se detallaron operaciones vinculadas con Manuel Gilberto Vicentela, fallecido en abril de 2021. De acuerdo con la Fiscalía, un poder de administración y disposición otorgado en febrero de ese año habría sido usado después para transferir la nuda propiedad de sus propiedades a los hijos de Godoy y el usufructo a la propia Godoy. Así, los hijos de la jefa del clan heredarían los bienes cuando la imputada muera.

La investigación también abarca transferencias de fondos de otros presuntos damnificados hacia cuentas de integrantes del grupo, entre ellos el yerno Juan Ignacio Gómez y la nuera Sofía del Carmen Aguilera. A Gómez le habrían ingresado unos 35 millones de pesos provenientes de un fondo común de inversión del médico Correa.

Quiénes son los imputados

Además de Carina Godoy, la llamada "Viuda Negra", están imputados sus hijos Rocío Belén Solar, Enzo Araya y Camila Araya; su nuera Sofía del Carmen Aguilera; su yerno Juan Ignacio Gómez; su esposo José Antonio Rodríguez; y las conocidas Brisa Rodríguez Roldán, María Pugliese y Analía del Carmen Rodríguez.

Camila Araya y Aguilera eran las dos que tenían prisión domiciliaria y ahora serán trasladadas al penal. Carla de Lourdes Elizondo Díaz, otra de las imputadas, fue encontrada junto a una de las víctimas: un anciano identificado como N. Pilas, de 80 años y analfabeto. Según la Fiscalía, el hombre estaba deteriorado, no lo dejaban salir a la calle y le vaciaban sus cuentas bancarias o pedían créditos a su nombre.

A Brisa Rodríguez y María Pugliese las encontraron con el médico Correa. Supuestamente lo cuidaban.

La única que declaró este lunes fue Aguilera, esposa del prófugo Solar Godoy. Dijo que cuidó a un hombre identificado como Miguel Ángel López, otra de las presuntas víctimas, pero aclaró que lo hizo "de corazón" por pedido exclusivo del individuo. Y señaló que dejó de cuidarlo porque se le hacía imposible con la crianza de sus hijos pequeños. Ese hombre de 75 años se encuentra desaparecido y estaba siendo buscado, según supo este diario.

El llanto y el planteo de la defensa

Tres de las imputadas se quebraron en llanto al enterarse de que la prisión preventiva se haría efectiva.

Los abogados Gustavo de la Fuente y Franco Vázquez, con la colaboración de Matías Quiroga, se opusieron al planteo de la Fiscalía. Argumentaron que en algunos de los hechos expuestos todavía no había denuncias de los presuntos damnificados. Y respecto de las operaciones sobre los bienes de Vicentela, plantearon una cuestión de prejudicialidad: sostienen que existe una controversia civil sobre esas propiedades que aún no fue resuelta, lo que a su criterio impedía formalizar la investigación penal sobre ese episodio mientras siga pendiente la cuestión patrimonial.

La causa seguirá con un plazo de investigación de 12 meses, mientras la Fiscalía intenta reconstruir el circuito del dinero, determinar el alcance de las operaciones inmobiliarias y establecer si hay nuevas víctimas.