La junta médica que definirá el futuro de Lotocki ya tiene fecha y preguntas clave
Diez peritos se reunieron en la morgue judicial. Tenían enfrente un historial de condenas y una muerte que sacudió al espectáculo. Lo que tuvieron que responder...
Este martes, en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la junta médica que debe determinar la responsabilidad del ex cirujano misionero Aníbal Lotocki en la muerte de Silvina Luna, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en el Hospital Italiano, a causa de una insuficiencia renal aguda.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 60 ordenó el análisis en el marco de la causa que investiga al médico, quien además afronta un juicio por el fallecimiento de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió durante una operación el 15 de abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito.
La pericia comenzó a las 10 en Viamonte 2101, con la participación de unos diez peritos que evaluaron el deceso de la actriz. El planteo fue presentado el 3 de febrero por el abogado Fernando Burlando, y apunta a precisar el momento en que aparecieron los granulomas en el cuerpo de Luna y qué tratamiento podría haberse aplicado para evitar la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva.
La junta también debe responder en qué momento habría sido oportuno ese tratamiento, y si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron los adecuados para el tipo de intervención que llevó a cabo. Además, se consulta si el imputado estaba en condiciones, según su experiencia y conocimiento del caso, de intervenir para evitar que los granulomas le provocaran a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud.
El historial de la condena
En febrero de 2022, el juez Carlos Rengel Mirat condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación de cinco años para ejercer la medicina, al encontrarlo responsable de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Luna.
En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a ocho años, al considerar que también había cometido el delito de estafa, y elevó a diez años la inhabilitación profesional.
