La Justicia allanó las sedes de la AFA en Viamonte y en Ezeiza: qué buscaban en el predio “Lionel Messi”

Un juez federal ordenó una serie de allanamientos de alto impacto en los dos corazones administrativos del fútbol argentino. Las pesquisas se centran en una trama de presuntos desvíos millonarios vinculados a los contratos de la Selección en el exterior. La investigación, que ya había puesto la lupa sobre una lujosa quinta en Pilar, ahora avanza sobre la documentación interna de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

El magistrado Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, fue quien dispuso los operativos. Estos se ejecutaron en la sede central de la Asociación del Fútbol Argentino, ubicada en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Centro de Alto Rendimiento de Ezeiza, conocido como el predio “Lionel Andrés Messi”.

¿Qué documentación clave buscaba la Justicia?

Según pudo conocer Infotucumán, los efectivos de Prefectura Naval que llevaron a cabo las diligencias tenían una misión específica. Su objetivo principal era secuestrar los contratos firmados entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC.

Esta compañía, representada por Javier Faroni y Erica Gillete, tenía la exclusividad para gestionar y cobrar los negocios de las Selecciones nacionales fuera de Argentina. La firma actuaba como agente comercial para acuerdos de patrocinio y organización de eventos en el exterior.

Además de esos contratos, la requisa judicial también apuntaba a toda la documentación administrativa y contable vinculada a los delitos bajo investigación. La hipótesis de los fiscales es que el dinero para adquirir una mansión de 17 millones de dólares en Pilar podría haber provenido de fondos desviados de estos acuerdos internacionales.

Frente a la noticia, la AFA emitió un comunicado intentando bajar el perfil de la medida. La entidad afirmó que no se trató de “allanamientos” sino de una “requisitoria de información en el marco de actuaciones legales en curso”.

La trama de los contratos y las comisiones sospechosas

Los contratos con TourProdEnter están en el centro de la escena. La firma, según consta en la causa, se llevaba una comisión del 30% por la gestión comercial, más un adicional del 10% por tareas logísticas. Una denuncia presentada por dirigentes de la Coalición Cívica en Campana revela una red de intermediarios que habría movido más de 300 millones de dólares fuera del sistema bancario argentino entre 2021 y 2025.

La investigación recibió un impulso clave con información aportada por la Justicia de los Estados Unidos. En la documentación bancaria obtenida, aparecen indicios de transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Este presunto desvío de fondos generó la apertura de varias causas paralelas. El caso se investiga no solo en Campana, sino también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, de la jueza Paula Petazzi.

El juez González Charvay considera necesario unificar todas estas pesquisas para evitar duplicidades y posibles fallos contradictorios en el futuro.

La batalla judicial por la quinta de Pilar y la competencia

El epicentro de esta trama es la investigación por la adquisición de una lujosa propiedad en Pilar. La quinta, valuada en la astronómica cifra de 17 millones de dólares, está a nombre de la firma Real Central SRL, propiedad de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos imputados.

La sospecha de la fiscalía es que esta sociedad no puede justificar el origen de los fondos y habría actuado como un testaferro para ocultar a los verdaderos dueños: presuntos dirigentes de la AFA. La clave está en rastrear la trazabilidad financiera de toda la operación.

Actualmente, la Cámara de Casación Penal tiene en sus manos la definición sobre qué tribunal seguirá con la causa. Existe una disputa entre la jurisdicción federal de Campana (por la ubicación del inmueble) y el juzgado penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Marcelo Aguinsky.

La Sala I de la Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, admitió un recurso y fijó una audiencia para el 30 de marzo a las 11:30 para escuchar a las partes. Su decisión marcará el rumbo definitivo de esta compleja investigación que sigue sumando capítulos.

Con información de Infobae.